Minería y guerra sucia en Colombia

ANNCOL Debate. Como un servicio a nuestros lectores presentamos el informe sobre la minería y la guerra sucia en Colombia, publicado por el medio alternativo Paréntesis de Cali, para que se pueda entender el porqué  de la actual ofensiva  militar del gobierno colombiano contra  toda aquella forma de explotación minera que estorbe el plan Trasnacional de inversión minera en Colombia, también llamado “locomotora minera de JM Santos”.

Minería y guerra sucia en Colombia

Por Ramiro Martínez Gómez (*)

El paramilitarismo se nutre de oro y dragas 

Los paramilitares han encontrado en la importación de dragas un mecanismo para repatriar sus utilidades de la droga y en las exportaciones ficticias de oro, una vía para lavar dinero. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso le confesó a la justicia una estratagema para lavar dinero: recibir los pagos por la droga exportada en oro, traerlo clandestinamente a Colombia y venderlo a comercializadoras autorizadas, declarándolo como producido en el país.

En Colombia la minería a gran escala ha  venido acompañada de la guerra sucia por parte del Estado colombiano. Para nadie es un secreto que el paramilitarismo es un experimento macabro creado por la empresa privada, narcotráfico, ganaderos, la alta cúpula militar y otros sectores del Estado colombiano.

Allí están las pruebas: ministros, embajadores, senadores y algunos coroneles del Ejército  detenidos. Claro está que la guerra sucia no se expresa solamente en el asesinato, desplazamiento y desaparición forzada de la población civil (campesinos, indígenas, población afro, dirigentes sindicales, estudiantes, ONG, entre otros), sino que existen otras formas de confrontación más sutil y de mayor contundencia.

En este sentido, y para el caso colombiano, otras expresiones de la guerra sucia serian: la injusticia social, la concentración de la tenencia de la tierra (Colombia es el país más injusto del mundo, pues la concentración de la tierra está solamente en el 1% de la población, el destierro, las amenazas, las fumigaciones aéreas, la violación sistemática de  derechos humanos, la corrupción de la clase política, la contaminación ambiental, la destrucción de bosques, ríos, paramos, los monocultivos de caña de azúcar, palma africana,  caucho y el cooperativismo laboral.

A finales de los 90,  debido a la presencia de los recursos mineros en Colombia, presentes   en diferentes zonas comenzaron a convertirse en el objetivo de las empresas nacionales y multinacionales. Justo también en esta época comenzó la arremetida paramilitar. Guamocó fue y es una de las regiones colombianas más azotada por la violencia provocada por todos los actores armados ilegales que, según sus habitantes, intentan dominar el territorio para ejercer el control económico sobre la explotación y comercialización de oro.

Un ejemplo fue la masacre cometida el 25 de abril de 1997, cuando un grupo paramilitar entró en Río Sucio (municipio del Sur de Bolívar) y asesinó a 30 personas. Entre ellas estuvo el líder minero Juan Camacho Herrera, al que decapitaron y después de jugar fútbol con su cabeza, la pusieron en un palo mirando hacia Guamocó y les dijeron a los habitantes que ellos (los paramilitares) venían por las minas y que las iban a entregar a gente que haría una mejor explotación de éstas y un uso más racional de ese recurso. Desde ese momento se sucedieron más masacres,  asesinatos selectivos y  desplazamiento de la población.

Entre 1997 y 2009 fueron desplazadas al menos 36.000 personas  y entre 1999 y 2000 la Federación Agro minera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) pudo documentar 700 desapariciones. Además, el Programa de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio (Pdpmm) afirmó que entre 1997 y 2007, 380 civiles fueron asesinados por actores armados ilegales y el Banco de datos del  Cinep recoge 333 ejecuciones extrajudiciales cometidas por los paramilitares en los últimos años.

Fue tan grave la situación que en noviembre de 2003 el Tribunal Internacional de Opinión celebrado en París llamó la atención sobre la violación sistemática de violaciones de derechos humanos «motivada por intereses económicos» en la zona. Hoy en día la violencia continúa en esta región que ni tan siquiera aparece en los mapas. Los actores armados ilegales siguen amedrentando a la población a través de masacres como la acontecida el 17 de agosto de 2011 en Casa Zinc, zona rural del municipio de Montecristo: un grupo de 20 hombres armados identificados como Águilas Negras llegaron al lugar y retuvieron, torturaron y asesinaron a tres personas, dejaron otra herida y amenazaron con retomar el control del Sur de Bolívar; dos semanas después, la empresa Canadiense Midasco  Capital anunció que había recibido licencias de explotación minera en la región, incluyendo una en Casa Zinc.

En lo que va corrido del año 2011, se han cometido más de 40 asesinatos en la zona minera del Sur de Bolívar. Continúan también las amenazas a través de pintas firmadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), retenes de hombres civiles armados e incluso la comunidad denuncia la existencia de una base paramilitar en la región.

La arremetida paramilitar de la década de los 2000 masacró al movimiento social que comenzaba a despegar en la zona tras las marchas campesinas de 1996 y 1998. A lo largo de los años muchos líderes de organizaciones mineras fueron asesinados, desaparecidos y estigmatizados. Hoy, organizaciones de la zona como la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua) y Fedeagromisbol siguen denunciado la persecución a la que están siendo sometidos tanto por el estado como por grupos armados. Han sido víctimas de atentados, amenazas, detenciones y procesos de judicialización, como el de Édgar Jiménez, líder minero encarcelado el 22 de junio y liberado varios meses después.

Otros casos concretos de empresas mineras y paramilitares son: La multinacional aurífera Anglogold Ashanti llega al país en el año 2.000 de manera subterránea y en el año 2.003  se anuncia oficialmente bajo la fachada de la kedahda S.A. En sus inicios como multinacional tenía dos socios principales, kedahda Ltda. Y kedahda segunda Ltda.  Estas empresas se habían registrado en el paraíso fiscal de las islas vírgenes Británicas.

La Anglogold financio a grupos paramilitares en la república democrática del Congo pidió perdón públicamente por su “error” y luego dijo que tenía el problema resuelto  pues (de aquí en adelante) emplearía la empresa privada de seguridad DSL (Defense Systems Ltd), la misma empresa que contrato British Petroleum en Casanare y que desencadeno una orgia de crimen organizado en la región. Según el diario El Tiempo, han detectado que las minas que llegaron a controlarlos paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias macaco (extraditado a Estados Unidos) y su segundo al mando del Bloque Central Bolívar, Rodrigo Pérez, en el sur de Bolívar, han sido heredadas por otros grupos armados que hoy las controlan.

Hay evidencia – dice El Tiempo-de que reactivaron  su dominio en ese sector en donde ya habían reclutado menores y mujeres a quienes carnetizaron y trataban como esclavos al servicio de la empresa minera Grifos,  de la que era socia la esposa de macaco. En el registro minero nacional aparece una empresa –sociedad minera Grifos S.A- con dos títulos registrados en el 2006 y aun vigentes pero no en el sur de Bolívar, sino en la población cercana de Zaragoza en Antioquia.

Los paramilitares han encontrado en la importación de dragas un mecanismo para repatriar  sus utilidades de la droga y en las  exportaciones ficticias de oro, una vía para lavar dinero. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso le confesó a la justicia una estratagema para lavar dinero: recibir los pagos por la droga exportada en oro, traerlo clandestinamente a Colombia y venderlo a comercializadoras autorizadas, declarándolo como producido en el país.

Por cada onza de oro que le pagan al productor, la comercializadora debe descontar el 4% de regalías que luego debe girar al gobierno, para que este a su vez le gire al municipio de donde le productor declaro haber sacado el oro. De esta manera los paramilitares obtenían el pago de su oro, y después hacían tratos con los alcaldes de los pueblos que iban a recibir esa regalías para que se las devolvieran a través de contratos ficticios.

Esta forma de lavar dinero vía regalías sigue operando. A los municipios antiqueños de Segovia y Remedios, por ejemplo, el gobierno les suspendió el giro de regalías, pues encontró que tenían sospechosos contratos con particulares para promover la minería y les pagaban con dinero de las regalías. En el municipio chocoano de Itsmina, la suspensión de los giros se dio por un súbito e inexplicable crecimiento de la producción de oro declarada: un aumento de 2.031% en sus regalías entre 2008 y 2010. Más raro fue que apenas Itsmina recibió las enormes regalías, salió a pagar una deuda “sin saber si era real o ficticia”.

Los vínculos de la minería con grupos paramilitares  no solo se da en las minas de hecho. En diversos puntos de la geografía, organizaciones sociales han denunciado que algunas mineras han financiado a grupos paramilitares para “protegerse” o para forzar el desalojo de comunidades de las minas que quieren explotar. Quizás  la empresa más cuestionada en esta materia ha sido la multinacional estadunidense Drummond.

Drummond es objeto de varias acusaciones en Colombia por complicidad con los paramilitares que infiltraron la política y aterrorizaron a la gente del cesar, desde mediados de los años 90, justo cuando esta empresa arranco allí su producción de carbón.

Dos ex paramilitares han asegurado de que la empresa ayudo a crear y financio el frente Juan Alvares de las autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), para que cuidara la operación  y la línea del ferrocarril que transporta el carbón hasta el puerto cerca a Santa Martha.  Asimismo, según lo investigo verdadabierta.com,  Drummond compro tierras a testaferros del paramilitarismo para desarrollar su mina el Descanso.

Y hay mas en abril de este año, la Fiscalía acuso a un contratista que les proveía la comida a los trabajadores de la Drummond, de complicidad con los paramilitares en el asesinato de dos líderes sindicales de la empresa minera, Valmore  Locarno y Víctor Hugo Orcasita, en marzo de de 2001.Por estos hechos organizaciones sindicales y de derechos humanos   han entablado tres demandas civiles contra la Drummond en Alabama. Alegan que los directivos de la carbonera sabían de estos crímenes y los cohonestaron. La empresa, que ya logro que la justicia estadunidense desestimara una primera demanda.

La Contaminación.

Las multinacionales que buscan explorar oro en los ríos y paramos de Colombia, están contaminando el agua con metales pesados como el mercurio y el cianuro. Además como la amalgama  que se forma con estos metales se quema para extraer oro, el aire también se envenena. La defensorio encontró que en el aire de los pueblos mineros de Segovia, Zaragoza y Remedios, el nivel de mercurio puede ser hasta mil veces más alto que el permitido. En Remedios se descubrió que 15 personas han pedido trasplante de riñón por intoxicación con mercurio.

Grandes proyectos mineros también han sido cuestionados por sus posibles efectos nocivos a los ecosistemas. El gobierno de Santos, presionado por la movilización de los habitantes de Bucaramanga, puso en entre dicho la licencia ambiental otorgada a la minera Canadiense GreyStar para explorar un área en el paramo de San Turbán, donde nace el agua que abastece a los bumangueses y la minera debió retirar su proyecto.

En el parque nacional Yaigoje Apaporis que es además una zona de resguardo indígena el gobierno ordeno, el cese de actividades. La empresa canadiense Cosigo intento ganarse la comunidad, para explotar el oro pero no lo consiguió. En paramos encontramos 630 casos de superposiciones con títulos mineros, algunos en áreas tan estratégicas como el macizo colombiano donde nacen los ríos más importantes del país, Cauca y Magdalena. Oscar Paredes director de Ingeominas explico que están negociando con las empresas para corregir esta situación. Con el AGA que tiene cuarenta títulos en paramos ya están en conversaciones.

Anglo Gold Ashanti, AGA, Esta preparándose para pedir la licencia ambiental para la gran mina de oro de la Colosa, en el municipio de Cajamarca en el Tolima. El proyecto ha sido cuestionado por organizaciones ambientales en el Tolima y algunas autoridades principalmente por el impacto ambiental que puede tener sobre el rio Coello que abastece barios municipios.

Algunas explotaciones de carbón no se quedan atrás en cuanto a problemas ambientales. En 2008 a raíz de muchas protestas de las comunidades en el centro del Cesar por el estado de contaminación y de abandono en que estaba este distrito minero de carbón, en donde operan varias multinacionales y nacionales. Los funcionarios ambientales constataron la grave contaminación por partículas y polvo en el aire, abrieron una investigación a Drummond.

Y a pesar de las presiones inclusive dentro del mismo gobierno  para que las frenara el ministerio se llevo las investigaciones a Bogotá. Lo más preocupante del daño ambiental es que como lo ha demostrado el experto Guillermo Rudas, con el auge minero los gobiernos no han cumplido la norma que les indica que deben invertir al menos el 17% de las regalías en la preservación del medio ambiente. Apenas destinaron el 3.2%  en promedio en el 2004 y 2009.

En Santander de Quilichao que quiere decir “tierra de oro” en lenguaje indígena están acabando con el río Mondomo. Allí existieron las reales minas de la conquista de los españoles y ahora con permisos ficticios en trámite sigue la danza del oro por la que pagan las multas insignificantes que pone la incierta ley que regula esta actividad. El mismo caso sufre el rio cauca al pasar por “care- perro” una vereda del  municipio de la pintada. En la vía Cali Buena Ventura esta la zona de Zaragoza donde una mafia, inescrupulosa lleno todos los vacios del estado, y en pocos meses acabo con más de 43 kilómetros cuadrados de la cuenca del rio Dagua, que no volverán a servir para nada, al menos durante 30 años según afirman los expertos. Allí ante la mirada pasiva de las autoridades civiles y militares, se realizo uno de los despropósitos más graves de la historia minera de Colombia.

Leyes injustas.

Para los mineros artesanales el tratamiento a sido bien diferente al que le dan a las multinacionales. Organizados en asociaciones, sindicatos, muchos mineros habían conseguido que el código minero 2011 les diera tres años para legalizar sus minas. De los quince mil mineros de hecho que según la defensoría del pueblo hay en el país, llegaron a engominas 2.845 solicitudes de formalización. Y de ellas apenas lograron formalizarse 23. ¿La razón? La norma les exigía que presentaran mapas técnicos de sus minas y facturas comerciales de varias décadas atrás.

La Ley 1382 que reformo el código minero en febrero 2010, volvió a abrir la posibilidad de legalizar minas artesanales. En un año llegaron otras 2.200 peticiones. De estas 719 ya han sido evaluadas, pero como las normas son las mismas, solo una pasó la prueba documental y próximamente se le hará una visita técnica.

Echar a  andar las peticiones de los mineros artesanales a paso de tortuga y las de las multinacionales a galope, cerró más aun la posibilidad de que los artesanales lograran formalizar sus minas: cuando llegaban sus peticiones ya esas áreas habían sido adjudicadas a nuevos mineros o a especuladores.

Los cambios de legislación terminaron agravando los conflictos. Por ejemplo  Medoro Resourses obtuvo una concesión en Marmato (Caldas), un pueblo de mineros artesanal con 457 años de historia. Encontró reservas con 6.6 millones de onzas de oro y 37 millones de onzas de plata y quiere desarrollar allí una mina a cielo abierto, pero muchos en el pueblo se han opuesto porque esto in plica desplazarlos y dejarlos sin trabajo. Declaraciones del vocero de Modoro a la cadena de televisión Aljazeera, en el sentido que tenían varias formas de sacar a la gente “presiones del gobierno, chequeras,” causaron aun mas escozor.

Que se pude esperar del instituto Ingeominas si el gobierno de Álvaro Uribe, según lo han denunciado varios medios de prensa, le dio esta entidad para que pusiera allí sus fichas al entonces congresista conservador Ciro Ramírez quien después en marzo del 2011, fue condenado por la Corte Suprema de justicia por concierto para delinquir con los paramilitares. Un funcionario de la entidad cuenta, aun aterrado, como unos mineros le ofrecieron dinero a cambio de les diera el nombre del encargado de darle el visto bueno final a los títulos. Y en una conversación casual, un empresario extranjero que invirtió en el desarrollo de una mina de oro dijo que pago 34 millones de pesos en sobornos para conseguir el título.

Es verdad que el código minero del 2001 había dejado la posibilidad de que cualquiera, con un pago mínimo y un documento de identidad pudiera hacerse de una concesión minera, pero el espíritu de la ley buscaba incentivar la promoción, no la especulación. Al entregar áreas inviables por ser absurdas o microscópicas (una tenía 34 centímetros y otra 19 metros por 16 kilómetros), Ingeominas creó el río revuelto donde pescaron muchos avispados.

(*) Contador público de la  Universidad del Valle.

http://parentesiscali.blogspot.de/2012/07/informe-mineria-y-guerra-sucia-en.html