La Semana Política. Por Emilio Marín, Argentina

¿Intenciones. . .  ?

Prefectos y gendarmes, en movida peligrosa y destituyente

Varios días de acuartelamiento y cortes de calles por parte de Prefectura y Gendarmería difieren de un planteo salarial. Por sus formas, los antecedentes en el país y el tipo de personal interviniente, es una jugada destituyente.

Por Emilio Marín

El martes comenzó una protesta de los prefectos, ante un recorte severo de sus salarios debido al decreto 1307 del Ejecutivo. Los protestones tomaron el edificio Guardacostas y cortaron la avenida, donde se fueron sumando elementos de esa fuerza y de Gendarmería, que iba a ser afectada por los recortes.

Al día siguiente el gobierno asumió de alguna manera el costo político de aquellos descuentos, aunque imputándolos a una mala liquidación de salarios. Supuestamente esta acción contradecía el decreto, que debía resguardar los ingresos de las escalas más bajas.

El jefe de Gabinete dijo que se investigaría si había sido un error en la liquidación de sueldos o una maniobra de interesados en producir un cortocircuito de esos efectivos con el gobierno. Ya se sabe que el bolsillo es la víscera más sensible del ser humano, o una de las más. Abal Medina prometió que tales recortes serían anulados y que al día siguiente los afectados podrían cobrar la diferencia. Asimismo expresó que Gendarmería directamente iba a cobrar los importes originales, sin descuentos.

Sin embargo, a pesar de tal rectificación gubernamental, corroborada en la práctica pues se cobró por cajero tal como se había prometido, la protesta subió de tono. Los gendarmes se sumaron a los prefectos, sin haber sido afectados en un peso. El núcleo operativo siguió recibiendo a policías bonaerenses y de otras fuerzas de seguridad. Se conformó -para los simpatizantes de esta causa uniformada- una “asamblea general”. Para los críticos, entre otros este cronista, se tomó el cariz de un motín.

Aunque el meollo de la rebelión estuvo en la Capital Federal, se registraron otras rebeldías en el interior. En la base de Gendarmería de Jesús María, se vieron colgadas banderas de la Sociedad Rural como expresiones de adhesión. ¿Sería una manera de devolver gentilezas a una Gendarmería que protegió a los sojeros en el lock out de 2008 en esa ciudad?

El gobierno nacional decidió remover a los jefes de Prefectura y Gendarmería, designando en la primera al prefecto general Luis Heiler y en la segunda al comandante general Enrique Zach. Pero los flamantes jefes no pudieron reestablecer el orden y la disciplina, pues los amotinados elaboraron un pliego reclamando un salario mínimo de 7.000 pesos, la libre elección de una obra social, la asignación de una ART y una garantía de que no habrá represalias. Ese petitorio fue entregado por los amotinados en la madrugada del jueves a Sergio Berni, el número 2 de Seguridad, quien les dijo que el martes 9 habría una respuesta.

En vez de irse a su casa, aquellos dijeron que se quedarían en el Guardacostas y Centinela hasta esa fecha, vulnerando la disciplina y resintiendo la seguridad pública. Eso sí, como para demostrar que “trabajaban” en medio del motín, los gendarmes impidieron el viernes un piquete de trabajadores de ATE sobre la avenida que va al aeropuerto de Ezeiza.

La paja y el trigo

La protesta de los efectivos armados (aunque sin mostrarse como tales y a la vista) se venía fogoneando desde las páginas de “Tiempo Militar”. Este periódico suele cuestionar al gobierno por la política de derechos humanos y hacerse eco de quienes defienden a los genocidas presos.

Una vez detonada, la asonada contó con el beneplácito de Mauricio Macri, Francisco de Narváez, Hugo Moyano, Aldo Rico y otros opositores, incluyendo a algunos que dicen ser de izquierda, como Vilma Ripoll. Ese espectro de derecha y centro se solidarizó con los amotinados que, en esa sesgada visión, serían algo así como “trabajadores” explotados por la “burguesía kirchnerista”.

Como sucede cada vez que un sector social colisiona con el gobierno, las palmas de la promoción se las llevó el grupo Clarín. Ese conglomerado mediático, acicateado porque el 7 de diciembre se le terminarán las más de 200 licencias en exceso, “dio manija”, como se dice vulgarmente.

Con esa óptica, Todo Negativo convirtió al principal Raúl Maza, vocero de los gendarmes, en la nueva estrella mediática, al estilo de lo que fue antes el ingeniero Blumberg y más acá en el tiempo Alfredo de Angeli, Julio Cobos y las señoras de las cacerolas.

Toda esta coalición política y mediática embelleció la protesta, presentándola como exclusivamente salarial. Y la defendió de las dudas sobre su sentido destituyente hechas por “Unidos y Organizados”, jurando que los movilizados eran demócratas puros. Llegado a este punto se impone tratar de separar la paja del trigo.

Si los gendarmes y prefectos de los escalones más bajos ganaban 3.000 pesos, eso debe repararse. Y si no lo hace, es culpa del gobierno, del mismo modo como lo es de los empresarios privados que tienen empleados percibiendo ese bajo monto.

Y si los sueldos de las fuerzas de seguridad tienen tantos ítems en negro, eso también constituye una injusticia antigua no reparada por este gobierno. Si no se supera tal irregularidad, sumada a otras del mismo tenor, se estarán dando argumentos a los columnistas de “Gaceta Ganadera”. Estos aseguran que el Estado es el principal empleador en negro. El interpelado por el asunto en la faceta laboral es el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, así como Nilda Garré lo es por las consecuencias políticas del motín.

El pedido de los 7.000 pesos de salario inicial no es descabellado; eso sí, habría que comenzar por dar esas mejoras a los trabajadores propiamente dichos, que en tantos gremios están lejos de ese monto. Para que el Estado tenga fondos para afrontar esos compromisos, se necesitarían mayores ingresos. Pero cada vez que se piensa en incrementarlos vía impuestos o tasas a los sectores más pudientes –caso de la resolución 125 para las exportaciones de soja y cereales- se chocó con la reacción de los intereses más concentrados y su vocero, Clarinete.

Alerta naranja

Macri y Sociedad Rural apoyan a los gendarmes amotinados, pero en 2008 estuvieron en contra de que el Estado recaudara más a costa de los sojeros, con lo que podría haberse mejorado la política salarial. El jefe de Gobierno de la Ciudad y los popes de la Mesa de Enlace, pagan poco a sus maestros y peones. Clarín, por su parte, no permite comisiones internas a sus trabajadores, pero cínicamente apoya la sindicalización de los gendarmes.

Este último es un debate colateral de la actual crisis planteada en las fuerzas de seguridad: si deben sindicalizarse, o no. Como en tantas otras polémicas, también aquí pueden exhibirse razones y sinrazones. El cronista tiene una postura adversa a la sindicalización. La suya no es un juicio universal para todo tiempo y lugar, sino una opinión sobre este caso concreto y en estas condiciones.

Comenzando por el final, la forma intempestiva y agresiva como estos uniformados plantearon sus reclamos, cortando calles, desoyendo llamados a volver a prestar servicios, convocando a otras fuerzas de seguridad al motín, rompiendo la disciplina en sus instituciones, fomentando la protesta a nivel nacional, etc, eso constituyó un hecho político. El sentido objetivo fue contrario a la democracia, pues el gobierno –como quedó consignado al principio- dio rápidamente marcha atrás con las incorrectas liquidaciones de sueldos (incorrecta para los escalones más bajos, no así para las cúpulas que ganan sueldos altísimos y bien rebajados estaban).

Además, fuera de la política en sentido estricto, la negativa a la sindicalización tiene otro fundamento, al que aludió ayer la miembro de la Corte Suprema, Elena Highton, luego de recibir el Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Dijo de los gendarmes: “no son lo mismo que cualquier trabajador, otros trabajadores pueden protestar de maneras distintas a las que pueden hacerlo quienes tienen armas dadas por el Estado”.

Darle sindicatos a quienes tienen muchas armas y poca conciencia democrática sería un acto muy peligroso para la democracia, a la luz de lo ocurrido en otras épocas en Argentina y vistas las rebeliones policiales en setiembre de 2010 en Ecuador contra Rafael Correa. En ese aspecto fueron adecuadas las declaraciones de políticos oficialistas y no oficialistas como Leopoldo Moreau, de la UCR, sobre que el motín agita reclamos justos, que mueven a mucha gente, pero que debía encauzarse por las vías legales (lo dijo en “Con voz propia”, por América). Los kirchneristas no movilizaron en la calle contra el motín, tal su debilidad esencial, pero emitieron comunicados muy justos. En su opinión se estaba ante una jugada peligrosa y destituyente. Cabía estar alertas. Tal cual.

Además, todo tiene que ver con todo. No se puede analizar este movimiento de las gorras al margen de lo ocurrido el 13 de setiembre con los cacerolazos, con el secuestro y golpes a un testigo clave del juicio por el crimen de Mariano Ferreyra y, sobre todo, con la confrontación política y judicial en curso por la ley de medios. Dijo Clarín que los gendarmes son democráticos. Si se amotinan, tienen armas, irrespetan la disciplina y no acatan los pedidos de volver a la normalidad, hechos por autoridades de la democracia, son sólo gendarmes. Garré les dio el “Cinturón Sur” a los gendarmes, pero éstos apretaron feo a la democracia.

Fuente:

http://www.laarena.com.ar/opinion-una_movida_peligrosa_y_destituyente_de_prefectos_y_gendarmes-83021-111.html