Foto Copinh |
Por Giorgio Trucchi | LINyM
En agosto de 2009, en medio de la crisis institucional generada por el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya,
un deslegitimado Congreso Nacional aprobaba la Ley General de Aguas,
con la que se garantizaba la posibilidad de concesionar a terceros los
recursos hídricos del país.
Un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación
de 250 MW de energía renovable. En diciembre del mismo año, la empresa
concluyó el proceso con la apertura de 50 ofertas.
Fue
hasta en abril de 2010, pocos meses después de asumir la presidencia
Porfirio Lobo, que el Ministerio de Recursos Naturales (SERNA)
procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, más del 70
por ciento de las cuales miembros de la Asociación Hondureña de Pequeños
Productores de Energía Renovable (AHPPER), es decir los mismos
grupos económicos que ya controlaban – y siguen controlando – casi la
totalidad de la generación térmica en el país.
La concesión de decenas de ríos en manos de empresas privadas fue considerada “turbia y amañada” por varios expertos del sector, entre otros, Juliette Handal, en aquel entonces presidenta de la CPN (Coalición
Patriótica Nacional), mientras en el Congreso se preparaban las
condiciones para nuevas licitaciones y un total de casi 300 proyectos
hidroeléctricos.
Fue
así que entre junio de 2010 y noviembre de 2011, los poderes ejecutivo y
legislativo aprobaron 24 proyectos1 más de generación de energía
renovable, con una inversión aproximada de casi unos 1,000 millones de
dólares. Entre ellos el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y realizado, entre otros, con fondos del BCIE (Banco Interamericano de Integracvión Económica) por 24.4 millones de dólares.
Resistencia
El proyecto Agua Zarca,
que se propone la generación de 21.3 MW (Megawatt) y que se está
desarrollando en la zona noroccidente de Honduras, específicamente entre
los Departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, ha sido fuertemente
cuestionado por varias comunidades indígenas lencas, las cuales han
votado en contra de su ejecución durante los cabildos abiertos
organizados por los gobiernos municipales de la zona, así como en el
marco de la Asamblea Indígena, que se ampara en el Convenio 169 de la
OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
Es por eso que, desde hace 6 días, más de 300 habitantes de cinco comunidades de la zona, miembros del Copinh (Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y personas
solidarias, han subido el tono de la protesta y han puesto tranques en
la carretera que conduce al sector de Río Blanco, donde se desarrolla el
proyecto hidroeléctrico.
En un primer comunicado,
las comunidades exigen el “retiro inmediato del proyecto Agua Zarca” y
acusan a varias empresas y a instituciones municipales y estatales de no
haber querido escuchar “la decisión de nuestras comunidades de rechazo
total y reiterado a este proyecto”, que de hecho “privatiza el sagrado
Río Gualcarque y el territorio”, así como provoca “daños ambientales,
desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización
y amenazas contra miembros de las comunidades”, se lee en el
comunicado.
Sobre
este caso ya fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía de Etnías,
el Congreso y Serna, sin embargo, hasta el momento dichas instituciones
no se han pronunciado al respecto.
Según el Copinh y
las comunidades indígenas de la zona, este proyecto hidroeléctrico
estaría siendo financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado suscribió un convenio por 20 millones de dólares con Proparco, filial de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dedicada a la financiación del sector privado, para proyectos de energía renovable.
Entre las empresas que estarían ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista china Sinohydro – la cual fue recientemente sancionada
en Ecuador por graves irregularidades en cuanto a su trato a los
empleados del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair –, la empresa
de construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.
“Nos reunimos en asamblea y la gente decidió continuar con la toma de carreteras hasta que la empresa (DESA)
no se retire de la zona y cierre el proyecto. Estamos expuestos a la
intemperie, nos están amenazando de muerte y la militarización de la
zona ha venido creciendo con el pasar de las horas, sin embargo la gente
está animada y con mucho entusiasmo”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh, a la LINyM.
Según
ella, los alcaldes de la zona, miembros de las empresas involucradas en
la ejecución del proyecto, así como los guardias de seguridad y los
cuerpos de policías, estarían organizando un desalojo violento,
involucrando a miembros de otras comunidades, para hacer creer a la
opinión pública que las comunidades indígenas están a favor del proyecto
Agua Zarca.
“Hemos
visto un gran despliegue de vehículos de la empresa y mucho movimiento
de ejército y policía alrededor de la toma. Quieren desalojarnos, sin
embargo nos vamos a mantener firmes, porque no podemos permitir que
sigan acaparando y depredando nuestros territorios y los recursos
naturales”, apuntó la dirigente indígena.
En un segundo comunicado, el Copinh reportó las graves amenazas vertidas contra sus dirigentes de parte de personal de las empresas DESA y Sinohydro,
así como la constante presión de sus guardias de seguridad que, como
frecuentemente ocurre en Honduras, cumplen tareas semi-militares,
amenazando y amedrentando a la población organizada.
Amenazas
Para
el día de hoy (6/4), se espera la llegada de varios observadores
internacionales y defensores de derechos humanos, para resguardar la
incolumidad de las personas. Las comunidades lencas han informado que,
de no ser escuchadas, profundizarán la protesta con acciones de mayor
contundencia, para lograr la liberación de su territorio que ha sido
invadido.
“Hay
un cerco mediático de parte de los medios corporativos de información
que ocultan nuestra lucha y nuestras razones. Desde ya estamos
responsabilizando a las empresas, a los alcaldes, al Congreso Nacional, a
SERNA y a la Policía por cualquier acto de represión, amenazas y
violencia en contra de nuestra integridad física, psicológica y
emocional”, aseveró Cáceres.
Finalmente, la dirigente indígena recordó que en ningún momento el Copinh y las comunidades han estado en contra del desarrollo, sino de los “proyectos de muerte”.
“El
pueblo lenca hace un planteamiento proprio del concepto de
‘desarrollo’. Un planteamiento basado en la dignidad humana, en el
respeto a la madre tierra, en el bienestar de las comunidades, en el
delicado equilibrio entre los seres humanos y los bienes comunes, desde
una visión de justicia social y económica.
Lo
que no aceptamos – continuó – es la lógica de privatización y
depredación de nuestros recursos para tener más ganancia. Lo que no
aceptamos es la lógica extractivista del capitalismo”, concluyó.
1 Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos), planta hidroeléctrica Sueño II (Sociedad Hidroeléctrica Energy, S.A. de C.V.), hidroeléctrica Zinguizapa (Sociedad Mercantil Gutiérrez Arévalo, S.A. de C.V.), Hidroeléctrica Blanco La Puerta Etapa II (Gutiérrez Arévalo Energy, S.A. de C.V.), Hidroeléctrica La Cuaca (Sociedad Mercantil Generación de Energía Múltiple) e Hidroeléctrica Río Quilio (Sociedad Mercantil Compañía Fuerza de Occidente, S.A. de C.V.), proyecto Hidroeléctrico Río Frío (Sociedad Mercantil Sesecapa Energi Company, S.A. de C.V.), Proyecto Hidroeléctrico San Juan (Sociedad Industria Contempo, S.A. de C.V.), Proyecto Hidroeléctrico San Juancito (Sociedad Industria Contempo, S.A. de C.V.), Planta Hidroeléctrica Agua Blanca (Sociedad Mercantil Agua Blanca, S.A. de C.V.), Planta Hidroeléctrica Río Tapalpa (Sociedad Mercantil Compañía de Generación Eléctrica, S.A. de C.V.), Planta Hidroeléctrica El Tornillito (Sociedad Mercantil Hidroeléctrica El Volcán), Proyecto Geotérmico Platanares (Sociedad Mercantil Geotérmica Platanares, S.A. de C.V.), Hidroeléctrica La Vegona (Sociedad Mercantil Compañía Hondureña de Energía Renovable), Central Hidroeléctrica Xacbal (Sociedad Mercantil HidroXacbal), Hidroeléctrica Blanco\La Puerta Etapa III (Sociedad Mercantil Gutiérrez Arévalo), Hidroeléctrica Blanco\La Puerta Etapa I (Sociedad Mercantil Gutiérrez Arévalo Energy, S.A. de C.V.) e Hidroeléctrica Los Laureles (Sociedad Mercantil Generadora El Reto, S.A. de C.V.), Chamelecón 280 (Sociedad Mercantil Generación de Energía Renovable), Río Perla (Sociedad Mercantil Río Perla), Puringla Sazagua (Compañía Eléctrica Centroamericana, S.A. de C.V.), Wampú Chinacla (Sociedad Mercantil Hidroluz, S.A. de C.V.) Río Blanco Los Puentes (Compañía de Generación Eléctrica, S.A. de C.V.)
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