Armas para defender el sistema de salud pública de Puerto Rico

¿Así se defiende la salud pública?

abpnoticias- Jesús Dávila 

(NCM) – Los enfoques salubristas de la política pública del nuevo gobierno autonomista se han topado inesperadamente con un escollo por el descubrimiento de un arsenal de armas y otros pertrechos en el propio Departamento de Salud, que de manera irregular ha montado un cuerpo particular de policía con funciones encubiertas y acceso a información confidencial.

La ya controversial “Oficina de Investigaciones” –que cuenta con una división de inteligencia, agentes armados y acuerdos con agencias estadounidenses de ley y orden como la de control de drogas (DEA)- plantea además nuevos problemas sobre el papel de Puerto Rico en la política de Estados Unidos para la región cuando apenas faltan días para que el tema de la condición colonial de esta pequeña nación pueda plantearse en la reunión de Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC).

“Esa oficina no está en ninguno de los escenarios”, dijo el Secretario de Asuntos Públicos, Jorge Colberg, al explicar que en los enfoques salubristas del nuevo gobernador Alejandro García Padilla no se incluyen operaciones como la referida y advirtió que la pasada administración anexionista no le puede imponer sus agendas al gobierno luego del cambio de mando. Enterado de la información obtenida por NCM Noticias sobre las operaciones de esa oficina, Colberg indicó además que estaba requiriendo del Departamento de Salud un informe detallado en el que se explique lo relativo a la existencia del organismo, su fin público, el dinero que se gastó, la compra de las armas y “para qué propósito”.

Todo comenzó con un empleado menor que se sorprendió al supuestamente encontrar una pistola en una gaveta del escritorio de un funcionario de alto rango que ya había renunciado a su cargo. Al poco tiempo, se regó el rumor de que esa pistola olvidada formaba parte de un arsenal desparecido que incluía pistolas GLOCK de nueve milímetros.

Unas cosas llevaron a otras y fue surgiendo la historia, más parecida a los relatos de intrigas que gustan leer los aficionados al espionaje.

 Los antecedentes de la OI, que parece un calco apresurado de una agencia similar del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, se pueden trazar por lo menos al año  2010, cuando la Legislatura refirió al Departamento de Justicia el expediente de un fraude en el Centro Cardiovascular del Caribe. En esa ocasión, entre los funcionarios implicados estaba el jefe de auditoría del Departamento de Salud de Puerto Rico, Jesús Hernández, a quien se le imputaba haber escondido evidencia del caso.

A principios de 2011, el entonces secretario de Salud, Lorenzo González, transfirió los encargados de la custodia de drogas y narcóticos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción a una nueva “oficina de investigaciones” que había creado. Los auditores fueron transferidos a esa oficina, bajo el mando de un funcionario identificado también como Jesús Hernández.

Poco después fue presentado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para crear oficialmente la OI con amplios poderes policiales, pero la medida fue retirada por su propio autor en agosto de 2011 luego de las advertencias del Departamento de Justicia de que podría ser inconstitucional y que usurpaba poderes y funciones de los organismos policiales y de justicia criminal del Estado. Aún así, la OI obtuvo presupuesto y continuó sus operaciones como si nada con el saldo de más de media docena de operativos en distintos pueblos del país, alguno de los cuales fue motivo de reprimenda judicial.

De acuerdo a los testigos y documentos obtenidos, durante la primera mitad de 2011 se compró decenas de armas de fuego –pistolas y armas largas- así como esposas, chalecos contra balas y grandes cantidades de municiones- y se adquirió un local, ubicado cerca de la zona bancaria y de las principales oficinas de ley y orden del gobierno federal de EEUU. En el plan de trabajo del Departamento de Salud, en el verano de 2012, se consigna que se trabaja en la remodelación del edificio y que se espera realizar la obra entre el mismo año 2012 y el año 2013, además de que se espera tener reuniones con las agencias federales de ley y orden para coordinar trabajos. Además se indica que se contrató asesores “externos” para preparar los lineamientos y la normativa del organismo.

La OI, mientras tanto, mantenía un perfil bajo, pero la discreción no fue suficiente para evitar que uno de los coautores de aquel proyecto de ley que fue retirado presentara ahora una resolución para investigar por qué esa controvertida oficina seguía operando.

Tras los comicios generales de noviembre de 2012, en los que los anexionistas perdieron el Ejecutivo y las cámaras legislativas, el saliente secretario González firmó la orden administrativa 296 para oficializar la creación de la OI. En dicha orden, otorgó por su cuenta poderes para hacer investigaciones criminales, operaciones encubiertas, acceso a información confidencial, ejecutar arrestos y allanamientos, entender en casos de sabotajes a instalaciones de salud pública, investigar funcionarios y contratistas y encargarse de la protección y escolta del Secretario de Salud, entre otras funciones.

En el informe de logros del Plan Estratégico 2011-2012, en diciembre del año pasado, se informa sobre el plan para crear otra vez la OI mediante un nuevo proyecto de ley, para lo cual se hacía el trabajo legal en el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación. A pesar de que se trataba desde noviembre de un gobierno saliente, el informe dice que el proyecto de ley quedará radicado en la Legislatura en enero del presente año de 2013.

Pero, sobre todo, ese informe de diciembre pasado, indica que ya se lograron acuerdos de cooperación con la DEA y otras agencias policiales federales de EEUU.

Mientras tanto, varias fuentes gubernamentales indican que los “agentes” de la OI están sin jefe, sin tarea, sin saber qué pasará y que las armas están guardadas en una bóveda de seguridad.