Evo Morales es elegido presidente del MAS, Movimiento Al Socialismo en el congreso del partido 10-12 de enero de 2009. |
La izquierda boliviana en el siglo XXI. Democracia, autoritarismo, neoliberalismo y socialismo comunitario del vivir bien
Por Horacio Duque Giraldo
Horacio
Duque: Licenciado en Ciencias Sociales e
Historia de la Universidad del Quindío (Armenia, Colombia); Maestría en
Problemas Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios de Paris (Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia); autor de varios libros y artículos sobre
historia y política colombiana.
Palabras
clave: Democracia, autoritarismo,
neoliberalismo, izquierda, indigenismo, nacionalismo y socialismo comunitario
del vivir bien.
Resumen.
Este documento es una reflexión sobre la
Izquierda boliviana en el marco de la tensión democracia-autoritarismo, en el
periodo comprendido entre los años 2000-2013, que cobra forma con la presencia
protagónica de los movimientos sociales indígenas y campesinos, en la “guerra
del agua”, en abril del 2002, y la “guerra del gas”, en octubre del 2003, que
pone fin al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Losada y abre el camino
para el triunfo presidencial de Evo Morales y el MAS en el año 2005, al obtener
el 53,7% de las votaciones nacionales.
Índice.
Introducción
Marco
teórico y de contexto.
1.
La izquierda
histórica boliviana.
2.
La crisis del
autoritarismo, del neoliberalismo y del populismo en las décadas de los 80 y
los 90.
3.
Movimientos
sociales indígenas y campesinos y el triunfo de Evo Morales y el MÁS. La
nacionalización de los hidrocarburos y la Constitución del 2009.
4.
EL socialismo
comunitario y el Vivir bien. Los avances y las críticas.
Conclusiones.
Referencias
bibliográficas.
Introducción.
Este documento tiene como objetivo
principal analizar la Izquierda boliviana en el periodo que va entre el año
2000 y el 2013 y su papel en la construcción de la democracia social
participativa en Bolivia .
El marco de la reflexión es la tensión
democracia-autoritarismo, característica de la organización y funcionamiento
del Estado en las naciones suramericanas durante largos años.
Dicha contradicción se hace notable al
acentuarse la tendencia hacia la construcción de una nueva forma de régimen
democrático activado y desarrollado por nuevos actores políticos y sociales
(Gómez L.: 2010: p: 8), como solución a la crisis del Estado neoliberal.
La izquierda boliviana, toma un papel
protagónico en la dinámica revolucionaria impulsada por los sectores indígenas,
campesinos y populares con las movilizaciones sociales acaecidas desde
principios del siglo XXI y con el triunfo presidencial de Evo Morales y el MÁS,
en el año 2005.
Los procesos que ocurren en la sociedad
boliviana en el periodo comprendido entre 2000-2013, se colocan en el sentido
de la superación del autoritarismo militar y de la “democracia pactada” de
signo neoliberal. El proyecto ejecutado, especialmente por los grupos
populares, es el de la profundización de la democracia comunitaria y social
participativa.
La construcción de la democracia comunitaria
ha significado la presencia y actualidad de uno de los conflictos históricos,
políticos y sociales de más larga duración y persistencia en la sociedad
boliviana y latinoamericana: la confrontación entre las tendencias políticas
democráticas y las tendencias políticas autoritarias. Las cuales se han
desarrollado y manifestado de diferentes formas y en distintos momentos de la
historia política de dicha nación.
La reflexión que desarrollo ensambla
visiones históricas, interpretaciones políticas y aproximaciones sociológicas,
lo que supone hacer un enfoque hacia la diversidad social y el tipo de
estructuras sociales y otros campos de la vida social a partir de los cuales
también se configura la vida política y las prácticas políticas que tienen
influencia significativa en los espacios institucionales del Estado.
En un primer momento abordaremos el
alcance de las categorías principales que sirven de marco de interpretación de
los hechos que asume este trabajo. Nos referimos a los términos democracia y
autoritarismo.
Con el protagonismo de los movimientos
sociales indígenas, campesinos y populares desde finales del siglo XX, la
Izquierda boliviana se ha transformado para jugar un papel protagónico en la
construcción, organización y funcionamiento del Estado y del régimen político
de la democracia comunitaria y social participativa.
En la lógica de la tesis anterior hemos
organizado esta exposición en las siguientes partes.
Un primera parte se focalizara en la
presentación histórica de la Izquierda boliviana y sus antecedentes, con un
acercamiento general al concepto de izquierda.
La segunda parte abordara los impactos
sobre la Izquierda de la crisis del autoritarismo y la “democracia pactada”
neoliberal, acelerada tanto por la “guerra del agua” (2000) como por la “guerra
del gas” (2003).
Un tercer momento se enfocara en las
formas y características que adquiere la Izquierda boliviana con la emergencia
del Más y el gobierno de Evo Morales.
Un cuarto momento se focalizara en el
triunfo del Más en el 2005, la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de
enero del 2006 y la Constitución del 2009, que avanzan en una revolución
política orientada a la construcción de la democracia y el socialismo
comunitario. Modelo que arroja resultados importantes tanto en el ámbito
económico, como social, político y geopolítico. Desde luego, con miradas
críticas que resaltan aspectos problemáticos del proceso.
Las conclusiones nos mostraran el
panorama de la nueva Izquierda boliviana y su papel en la agenda de transición
hacia la democracia comunitaria o social participativa.
Un marco teórico y de contexto para el
análisis de la Izquierda venezolana en el dilema democracia-autoritarismo.
La crisis de la democracia neoliberal
autoritaria en América Latina, visibilizada en diversos procesos a lo largo de
las dos últimas décadas (Natanson, 2008; Linera, 2012), acentuó el conflicto
entre democracia y autoritarismo. Se trata de una inveterada contradicción que
alude a dos núcleos del pensamiento político clásico con clara influencia en la
organización y funcionamiento de las instituciones de poder latinoamericanas.
El
autoritarismo.
El autoritarismo en el enfoque de Linz,
es un sistema político con un pluralismo político limitado, no responsable, sin
una ideología elaborada directiva, pero con mentalidad propia, sin una
movilización política amplia ni intensa, excepto en algunos momentos en su
desarrollo, y en el cual un líder u ocasionalmente un pequeño grupo ejercen el
poder dentro de unos límites formalmente mal definidos, pero en realidad
bastante predecibles (Linz, 1964:225). Son diversas las manifestaciones
concretas del mismo, mencionémoslas: i) Los regímenes autoritarios
burocráticos-militares; ii) El estatismo orgánico; iii) Los regímenes
autoritarios movilizadores en sociedades posdemocráticas; iv) Los regímenes
autoritarios movilizadores surgidos después de la independencia; v) Las “democracias”
raciales y étnicas; vi) los regímenes políticos “defectivos” y “pretotalitarios”,
y vii) Los regímenes autoritarios postotalitarios. (Linz, 2009).
En los Estados de América latina ha sido
frecuente, desde 1964 en Brasil, la manifestación de la forma
burocrático-autoritaria (Collier, 1985; O´Donnel, 1985), como sistema de poder
caracterizado por ser garante y organizador de la dominación ejercida a través
de estructuras de clase subordinada a las fracciones superiores de una
burguesía muy oligopolizada y transnacionalizada; que en términos
institucionales, se compone de organizaciones en las que tiene un peso decisivo
los especialistas en la coerción, así como aquellos cuyo objetivo es lograr la “normalización”
de la economía; en el que prevalece la exclusión política de un sector popular
previamente activo, que es sometido a controles estrictos con la finalidad de
eliminar su función activa en la arena política nacional; exclusión que implica
la supresión de la ciudadanía; la exclusión económica del sector popular; la
despolitización de las cuestiones sociales; y el cierre de los canales democráticos
de acceso al gobierno (O´Donnell, 1985).
Desde 1964, la política boliviana fue
dominada por un autoritarismo cuyo pilar central fueron los militares. Dicho
autoritarismo tomó una forma distintiva, producto de la herencia de la
revolución de 1952. Aunque el gobierno militar asumió muchas formas entre 1964
y 1978, la dictadura de Banzer demostró ser la más exitosa y duradera. Del
examen del régimen de 1971 -1977 surge el carácter esencial del autoritarismo
militar en la Bolivia del siglo XX. (O´Donell, Schmitter, 1988: p 87).
La
democracia.
La democracia, en la visión de Gómez L.
(2004: 20), recogiendo el legado teórico de Sartori (1997 y 1989) y Held
(1996), es “un determinado tipo de régimen político cuya principal
característica sería representar la voluntad de todos los ciudadanos”, ideal
que las sociedades modernas buscan alcanzar, que en la interpretación de
Lijphart (1991:19) puede ser considerado “como el extremo de una escala sobre
la que se mida el grado de representatividad democrática de diferentes
regímenes. Es decir, en qué medida los distintos regímenes políticos han
logrado concretizar en su funcionamiento los supuestos teóricos de la
democracia o en qué medida éstos han mantenido formas reñidas con ese ideal”.
Lo que nos coloca en el tema de los
requisitos esenciales de la democracia, asunto que aborda Robert Dahl en su
Poliarquía (1999, 1993 y 1991), para indicar los elementos básicos que deben
tener los regímenes políticos para ser llamados democráticos.
Esas condiciones primordiales son las que
sistematiza Gómez L. en su texto, La frontera de la democracia. El derecho de
propiedad en Chile 1925-1973 (2004:23), recogiendo las propuestas de Dahl y
O´Donnell (1996:7) que se sintetizan así: 1. Un origen democrático, o sea, que
la génesis de las normas institucionales, plasmada por lo general en una
constitución política, haya sido generada democráticamente a través de un acto
constituyente democrático; 2. Competencia política y existencia de oposición;
3. Sufragio universal y otras formas de participación; 4. Elecciones libres,
competitivas y a intervalos de tiempos regulares; 5. Electividad de todos los
cargos más relevantes; 6. Partidos en competencia; 7. Fuentes de información
diversas y alternativas; 8. Duración legal de los cargos electos; 9.
Sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil; y 10. Un demos votante
claramente establecido.
Obviamente, este cuadro formal – válido,
por supuesto- de la democracia política no puede llevarnos a una fetichización
y descontextualización de la misma, a la manera como lo plantea la narrativa
del liberalismo clásico y el neoliberalismo contemporáneo.
Desde el pensamiento clásico de la
Ciencia Política, Bobbio (1993), ha llamado la atención sobre el conjunto de
falsas promesas o promesas incumplidas de la democracia, argumentando que de
una democracia del individuo y del pueblo soberanos se habría pasado a una
democracia de los grupos poderosos, convertidos en los protagonistas de la vida
política, que por la predominancia de sus intereses particulares provocaban un
efecto centrífugo en la política y su consecuente fragmentación. De este modo,
el predominio del neocorporativismo, definido por la presencia de grupos de
interés particulares por encima de la preservación del bien público, habría
distorsionado los principios y fines de la democracia. Bobbio, también se
refería al poder invisible de la democracia como aquel poder oculto que, desde
los intersticios, regía la práctica política y reorientaba de manera
subrepticia sus objetivos generales.
Boron, Meiksins Wood y Nun, han señalado
que el discurso burgués dominante impone una fetichización de la política,
consistente en una reducción de la democracia, a la pura realización de eventos
electorales sistemáticos. Lo que permite a Boron plantear que la persistencia
de los mecanismos de exclusión social, la intensificación de las desigualdades
económicas y la débil legitimidad política que encuentra en la sociedad civil,
hacen de las supuestas democracias simples “regímenes post-dictatoriales”, o en
estricto rigor plutocracias. (Boron, 2009:243). Por su parte, Meiksins observa
que el supuesto histórico de la ciudadanía en la democracia liberal es la
devaluación de la esfera política, la nueva relación entre lo “económico” y lo “político”
que reduce la importancia de la ciudadanía y transfiere algunos de sus poderes
al dominio puramente económico de la propiedad privada y el mercado, donde la
mera ventaja económica ocupa el lugar del privilegio jurídico y el monopolio
político. La devaluación de la ciudadanía implícita en las relaciones sociales
capitalistas es un atributo esencial de la democracia moderna. Por esa razón,
la tendencia de la doctrina liberal a representar los desarrollos históricos
que produjeron la ciudadanía formal como un simple reforzamiento de la libertad
individual -la liberación del individuo de una estado arbitrario, así como de
las restricciones de la tradición y de las jerarquías prescriptivas, de las
represiones de la comunidad o las demandas de la virtud cívica- es
imperdonablemente unilateral. Así, pues, en una época de movilización masiva,
el concepto de democracia ha sido sometido a nuevas presiones ideológicas de
las clases dominantes, que no sólo demandaban la enajenación del poder “democrático”,
sino también una clara disociación de la “democracia” y el “demos” –o por lo
menos un viraje decisivo del poder popular como criterio principal de los
valores democráticos. El efecto fue que el enfoque de la “democracia” dio un
giro del ejercicio activo del poder popular al goce pasivo de las salvaguardas
y derechos constitucionales y de los procedimientos, y del poder colectivo de
las clases subordinadas a la intimidad y el aislamiento del ciudadano
individual. El concepto de “democracia” se fue identificando cada vez más con
el de liberalismo, palabra cuyo significado es notoriamente impreciso y
variable, pues se trata de un cuerpo de principios comúnmente relacionados que
tienen que ver con un gobierno “limitado”, libertades civiles, tolerancia, la
protección de una esfera de privacía contra la intromisión del Estado, junto
con un énfasis en la individualidad, la diversidad y el pluralismo (Meiksins,
2000: 246-264).
Nun muestra cómo, en efecto, la
democracia, en los términos de Schumpeter (1961), ha sido reducida a un
procedimiento para gobierno de los políticos, excluyendo al “demos”. (Nun,
2002).
Las aristas de este debate que confronta
la democracia con el autoritarismo y a la democracia misma en su propio ámbito,
se han reflejado en las preocupaciones y desafíos ideológicos, políticos y
prácticos de la izquierda, que no es ajena al dilema señalado y las
controversias al interior del campo de la democracia como régimen de poder.
Zabaleta Mercado (2009), Zegada (2011) y
Tapias (2008), desde la experiencia boliviana, postulan visiones alternativas
para trascender las versiones liberales, eurocéntricas y anglosajonas de la
democracia como un método de selección de las elites gobernantes.
Zabaleta Mercado, sugiere pensar la
democracia como movimiento general de la época; como representación; como
problema de la teoría del conocimiento; y como autodeterminación de las masas.
Esa perspectiva cobra utilidad al momento de interpretar lo que él denomina la
composición abigarrada de la formación social boliviana.
Zegada, recurriendo a categorías como “campo
político” y “campo de conflicto”, plantea que es necesario abandonar una visión
monológica de la democracia asociada a la estabilidad institucional, y más bien
partir de las contradicciones donde el objetivo de la política, más que atacar
los conflictos y mitigarlos, consiste en movilizarlos, ponerlos en el centro
del escenario, visibilizarlos en el marco de la expresión del pluralismo.
Tapias, reflexiona sobre la necesidad de
partir de un concepto de democracia como condición lejos del equilibrio;
propone trascender la visión minimalista e institucionalista de la democracia
que remite a la versión formal de la representación liberal (sistema de
partidos, competencia electoral, división de poderes); la democracia, afirma,
es fundamentalmente el reconocimiento de la igualdad y la construcción de un
régimen de ciudadanía cuyo eje básico es el derecho a la igualdad social y
política, que se desprende de una apropiación colectiva del excedente
económico.
Pasemos revista al panorama de la
izquierda boliviana, objeto de nuestro análisis.
1. La Izquierda histórica boliviana.
Antes de acercarnos al mundo de la
Izquierda boliviana resulta conveniente abordar teóricamente el tema. Hay
diverso enfoques sobre el término. En su texto Derecha e izquierda. Razones y
significados de una distinción política, Norberto Bobbio, establece que la
izquierda política se determina por su valoración de la igualdad, mientras que
la derecha lo hace por su estimación de la libertad. (Bobbio, 1995; Gallardo,
2005).
Arditi, plantea una definición de
izquierda apoyada tanto en criterios conceptuales como prácticos. En el primer
caso “busca cambiar el statu quo, impulsa la igualdad y la solidaridad” pero
agrega que el significado de los conceptos debe ser verificado a través de un
desacuerdo, particularmente importante pues permite desligar el término
izquierda del contenido de un proyecto y/o representación del cambio
determinados, y más bien hace que el sentido de estos términos sea un efecto contingente
de polémicas entre actores políticos. El segundo conjunto de criterios, se
centra en la praxis de los movimientos de izquierda y se refiere a que “la
identidad de estas agrupaciones se va modificando de acuerdo con los aciertos y
fracasos de sus proyectos, los distintos adversarios con los que deben
enfrentarse y las representaciones que se hacen de sí mismas” (Arditi, 2009).
Trascendiendo el campo de la filosofía
política, otros autores proponen una clasificación de la izquierda
latinoamericana, la que según Castañeda (1994:27) se puede organizar de acuerdo
con dos criterios determinantes. El primer principio implica una clasificación
ideológica y política; el segundo es funcional. Ideológica y políticamente, la
izquierda latinoamericana se puede descomponer en cuatro grupos: los partidos
comunistas tradicionales, la izquierda nacionalista o populista, las
organizaciones político-militares y los reformistas de la región.
Funcionalmente, se pueden agregar dos grupos: la izquierda social y la izquierda
intelectual.
Tapias (2005: 342) afirma que la
izquierda histórica boliviana nace con tres componentes: la idea socialista, la
cuestión nacional y la reivindicación de las raíces étnicas, a lo que se ha
agregado un nuevo componente, que proviene de las luchas antiautoritarias de
los años setenta, esto es, la democracia.
Desde el punto de vista ideológico,
afirma Tapias, fue un socialista, Gustavo Navarro –más conocido como Tristán
Marof-, quien en el libro La justicia del Inca (1924) planteo el programa de la
izquierda del siglo XX: tierras al pueblo y minas al Estado, es decir, reforma
agraria y nacionalización.
Otro gran documento histórico de la
izquierda fue planteado en un texto de la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros, fundada en 1938, que se conoce como la tesis de Pulacayo (1946). Es un
discurso obrerista, socialista y antiimperialista. De ahí en adelante, los
sindicatos y su espacio de articulación nacional, desde 1952, la Central Obrera
Boliviana (COB), serán el lugar en que se plantearan los programas políticos y
proyectos de la izquierda boliviana.
De manera más precisa, la presencia de la
izquierda puede localizarse (Zegada, 2012) en las décadas iniciales del siglo
XX, con la organización de los sindicatos obreros y la construcción de un
discurso ligado a la conquista de derechos y a la transformación social, bajo
la influencia de la Revolución Rusa de 1917 y la Revolución Mexicana de 1910.
Hay varios momentos en la presencia
histórica de la izquierda.
Un momento inicial abarca las primeras
décadas del siglo XX hasta la revolución del 52, cuando bajo influencia del
anarquismo y el socialismo se iniciaron las primeras organizaciones sindicales
urbanas, obreras así como estudiantiles, y la generación de ideas
contestatarias y alternativas al régimen oligárquico liberal.
Las agrupaciones partidarias tienen su
contraparte en los sindicatos y federaciones obreras que poco a poco van
conformándose en ese periodo. Por otra parte, afirma Zegada, aunque sin un
horizonte político claro, persistían las rebeliones indígenas en defensa de las
comunidades frente a las pretensiones primero coloniales y luego del Estado
Republicano de desestructurarlas. Dichas luchas aunque fueron aisladas, y en su
caso instrumentalizadas por las élites en el poder, constituyen el germen de
resistencia y construcción del discurso indigenista posterior que reaparece
entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.
Más adelante, las consecuencias políticas
internas de la guerra del Chaco (1932-1935) entre otros factores, provocaron el
desarrollo de la conciencia nacional junto a los discursos nacionalistas que
tendieron a generalizarse, así como la fundación de los primeros partidos
políticos marxistas en Bolivia, como el Partido Obrero Revolucionario (POR) de
tendencia trotskista que se funda en 1936, en Córdoba (Argentina), por un grupo
de desterrados. En 1940 surgieron el Partido Socialista Obrero de Bolivia y el
Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), vinculado al Partido Comunista de
la Unión Soviética.
En este periodo se fundó el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), partido de tendencia nacionalista de
izquierda que protagonizó la revolución de 1952.
Estos partidos posicionan, con distintos
énfasis, tanto el discurso revolucionario socialista, como la cuestión nacional
y el antiimperialismo en base a la contradicción nación-anti nación, esta
última representada por la oligarquía minero-feudal.
Tanto el PIR (que en 1950 paso a llamarse
Partido Comunista de Bolivia) como el POR, agrega Zegada, establecían
claramente sus fronteras ideológicas en el campo del marxismo leninismo, y
minimizaron el potencial revolucionario de campesinos e indígenas, en tanto que
el MNR rompió con ese enfoque y relacionó el discurso nacionalista a una
extendida alianza de clases convocando a todos los sectores populares contra la
oligarquía, logrando de esta manera convertirse en el conductor del hecho
revolucionario más importante del siglo XX en Bolivia: la Revolución Nacional
de 1952 (2013).
Días después de la victoria revolucionaria,
se crea la Central Obrera Boliviana (COB) (2013), que encabezó el histórico
líder sindical Juan Lechín Oquendo. La COB se convertiría así en la
organización más poderosa de la historia del sindicalismo en Bolivia y en
América Latina. Considerando la importancia de la minería en la economía
nacional, éste fue el sector social que marcó la política. Desde sus asambleas,
se definiría la suerte de la nación entera. El paradigma teórico giró alrededor
del nacionalismo revolucionario y la propuesta política se concretó en el “poder
dual” (Zavaleta, 1979), que implicaba la participación directa de los
trabajadores en la conducción gubernamental. La política se hace desde el
sindicato.
Un segundo momento se inaugura
precisamente con dicho evento revolucionario y está signado por la hegemonía
del proyecto nacionalista revolucionario que dura casi treinta años. Pocos años
después de la revolución, y en un contexto de profunda crisis económica y
social, el gobierno del MNR propicia un temprano acuerdo con el imperialismo
norteamericano aceptando sus condiciones para encarar la crisis a cambio de
ayuda económica, provocando la ruptura con los sectores obreros e izquierdistas
del gobierno. En realidad, durante estas tres décadas, el “nacionalismo
revolucionario” como proyecto hegemónico se desplaza pendularmente entre los
polos “nación” y “revolución”, en otras palabras, entre el polo conservador y
el polo progresista, como lo remarca Zegada en el texto citado.
La izquierda permanece articulada a la
Central Obrera Boliviana, que si bien en un primer momento firmó un pacto de
co-gobierno con el MNR -que Zavaleta identificó como “germen de poder dual”
(1979)- luego, ante las políticas antipopulares asumidas por el gobierno,
rompió dicho acuerdo y ejerció una de las oposiciones más drásticas a ese y a
los gobiernos posteriores de turno, mediante un amplio repertorio de
movilizaciones que no solamente cuestionaron las políticas públicas y ministros
de Estado, sino también logró la destitución de presidentes de la república.
Desde el comienzo del proceso
nacionalista revolucionario, también aparecieron variantes de izquierda que
combinaban elementos de esta corriente con otros de izquierda; entre ellas se
puede mencionar al Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI),
liderado por Hernán Siles Suazo, el Partido Revolucionario de la Izquierda
Nacional, del dirigente minero Juan Lechín Oquendo, y la Alianza de la
Izquierda Nacional, creada por Juan José Torres.
Hubo, además, otras varias agrupaciones
menores, pero en general se puede decir que el internacionalismo del POR, el
PCB y el maoísta Partido Comunista Marxista Leninista (PC-ML), de una parte,
junto al nacionalismo de izquierda, de otra, coparon el ámbito ideológico
izquierdista en esta etapa, planteando el objetivo estratégico de la revolución
socialista y pugnando intensamente entre sí por las modalidades más óptimas
para llevarla a cabo.
Coincidieron con esta fase del
nacionalismo revolucionario, las irrupciones guerrilleras primero del Che Guevara
en Ñancahuazú en 1967, y luego la guerrilla de Teoponte en 1970, cuyas acciones
no afectaron el poder ni las posibilidades emancipatorias de otros sectores
sociales y políticos bolivianos.
Desde 1964 hasta 1982, Bolivia vive
dictaduras militares con breves interrupciones democráticas. Los movimientos
mineros son importantes, así como la respuesta autoritaria y las matanzas
respectivas. Los estudiantes salen a la palestra y buscan formas de acción y
organización.
Paralelamente, jóvenes de la democracia
cristiana, al lado de otras organizaciones políticas se inscriben en distintas
propuestas políticas. Una de ellas es el MIR que lidera Paz Zamora
Paralelamente, algunos liderazgos fundamentales darán voz a estas propuestas,
como es el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fundaría años más tarde el
Partido Socialista 1. El centro de la discusión giraba alrededor del
socialismo, el antimperialismo, el gobierno popular y nacional. Una de las
características de este momento es la débil vinculación entre propuesta urbana
y sindicalismo. Es evidente que el surgimiento de estos partidos políticos –y
ésa es su debilidad y las razones de su devenir– estará vinculado, sobre todo,
a la clase media urbana, con poco contacto obrero y popular. En el caso del MIR,
terminó subsumido en la lógica del poder junto a los partidos neoliberales, en
tanto que el PS quedó restringido al discurso testimonial y al margen del
proceso de decisiones.
En este momento hay un auge y derrota de
la izquierda. En 1978, el dictador Hugo Banzer llama a elecciones obligado por
una huelga de hambre iniciada por 4 mujeres mineras. La izquierda se une en una
sola demanda: democracia. Las elecciones de 1978, 1979 y 1980 son ganadas por
la Unión Democrática y Popular (UDP) con más del 30 por ciento de la votación.
La UDP aglutina distintos partidos que van desde el MIR hasta la izquierda del
MNR, pasando por el Partido Comunista Boliviano (PCB). Asimismo, Marcelo
Quiroga Santa Cruz se presenta a las elecciones con el Partido Socialista 1 (PS-1)
y obtiene el 4.17 por ciento y el 7.65 por ciento en 1979 y 1980,
respectivamente.
2. La crisis del autoritarismo, del neoliberalismo y del populismo en las décadas de los 80 y 90.
En 1982, retorna la democracia y la UDP asume la dirección del país. Si bien en un
principio se buscan formas de participación obrera, intentando reeditar el “cogobierno”,
a la vuelta de los meses la COB será una de las principales instancias de
crítica al gobierno udepista y, a su vez, éste será incapaz de modificar las estructuras
de la forma de participación política y la economía del país. Este momento es
conocido por su hiperinflación y retroceso en indicadores económicos; entre
1980 y 1985, el PIB real fue de -1.2 y la inflación promedio de 2692.4%.
Paralelamente, en 1979, se funda la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB),
que dará inicio al katarismo (con distintas vertientes al interior), evocando
al líder indígena Tupak Katari (asesinado en 1781, luego del Cerco de La Paz).
El katarismo crecerá y se convertirá en la actualidad, como veremos adelante,
en uno de los ejes de la nueva izquierda.
En 1985, la UDP deja el gobierno y se
instala el MNR que inicia al ciclo del neoliberalismo. Los ejes que marcan este
periodo son: la política económica de libre mercado, el paradigma de la
gobernabilidad y la “democracia pactada”. El neoliberalismo se encargará de,
por un lado, desorganizar al movimiento obrero a través del proceso de “relocalización”,
que implicó cerrar varias minas enviando a la calle a miles de trabajadores y,
por otro, cooptar (en distintas etapas) a la izquierda partidista. Así, el MIR
dio un salto acelerado hacia la derecha; una fracción de este partido, el
Movimiento Bolivia Libre, batalló en algunas elecciones con magros resultados y
terminó incorporándose a la propuesta política de Gonzalo Sánchez de Lozada, en
1993.
La izquierda histórica, especialmente en
su estructura de partido político, se redujo al mínimo durante estos años.
Por esta época, comenzó a generarse un
pensamiento intelectual indígena anticolonialista. Dicho discurso se
materializó políticamente en la fundación de partidos de corte indigenista como
el Movimiento Indio Tupak Katari (MITK), el sindicalista Movimiento
Revolucionario Tupac Katari (MRTK), y otros partidos indios en el occidente de
Bolivia, que se presentaron en las distintas contiendas electorales de fines de
los setenta, con escasos resultados electorales y acotados a sus ámbitos de
influencia inmediata, pero cuyos principios y cosmovisiones son recogidos, en
gran medida, veinte años más tarde.
Un momento crucial en este recorrido es
el de la articulación de partidos políticos y organizaciones sociales de
diverso origen con la democracia representativa a fines de los setenta y
principios de los ochenta, pues constituyeron un bloque en la lucha contra las
dictaduras al que se suma inéditamente el movimiento campesino constituyendo,
de acuerdo a Zavaleta (1983), el eje de la multitud obrero-campesino.
Esta etapa permite comprender el papel protagónico
que históricamente ha jugado el núcleo sindical obrero, y los antecedentes del
movimiento campesino e indígena en el campo político. Si bien la actuación de
los partidos marxistas de izquierda, ha sido episódica y hasta cierto punto
marginal por su escasa capacidad de influencia en la toma de decisiones, los
movimientos sociales constituidos en torno a la Central Obrera Boliviana,
fueron los sujetos protagónicos de la izquierda a lo largo de la historia
política del siglo XX, lo cual explica en cierto modo también el protagonismo
de lo social en el actual proceso.
Durante la vigencia del neoliberalismo en
los años 90, se da un profundo reflujo de los sectores sindicales obreros,
particularmente de la COB.
Los amplios grados de consenso social,
con los que fue implantado el modelo neoliberal en Bolivia (el MNR gana las
elecciones con más del 30 por ciento de apoyo en 1993), se resquebrajaron con
el paso de los años por múltiples factores.
El primer elemento es el débil
rendimiento económico del modelo. El comportamiento del PIB en los últimos años
fue ambiguo y, si bien el índice de desarrollo humano creció sostenidamente
entre 1975 y 1999, fue gracias a los indicadores en salud y en educación. El
impacto social de la economía no fue muy significativo, incluso en los mejores
momentos del modelo; cuando el crecimiento del PIB era del 4.7 (entre 1994 y
1997), la tendencia a reducción de la pobreza sólo fue del 52 a 51 puntos, es
decir, que el dinamismo económico no tenía reflejo en lo social. Las promesas
económicas del neoliberalismo no fueron cumplidas.
Un segundo aspecto a destacar es el
agotamiento de la lógica de la gobernabilidad gestionada a través de una “política
de pactos”. De 1986 a 2003, se realizaron siete pactos entre la élite
gobernante con distintos fines, lo que dio el nombre a “democracia pactada” .
Estos, siempre con nombres rimbombantes, fueron acuerdos firmados por los
líderes de los partidos políticos, sin ninguna participación de los movimientos
sociales o sindicatos. Se creó así una bifurcación entre los partidos políticos
que concertaban y definían el destino político de la nación y la población que,
ya sea desde la calle, la federación o la comunidad, no participaba de la
decisión.
Esta dinámica sostenida a través de los
años generó un tercer elemento: la distancia entre el mundo político y el mundo
social. Los partidos dejaron de ser un espacio para hacer, propiamente,
política.
Un cuarto elemento es el fin del
populismo como forma de expresión política. Los partidos Conciencia de Patria
(CONDEPA) y Unión Cívica Solidaridad (UCS), ambos caracterizados por un
liderazgo populista muy sólido, murieron junto con la trágica desaparición de
sus líderes. Carlos Palenque, de CONDEPA, falleció luego de un infarto y lo
propio sucedió con Max Fernández, de UCS, que se accidentó en una avioneta.
Estas dos agrupaciones, cuyo mejor momento fue en el transcurso de los noventa,
lograron un apoyo popular remarcable que luego perdieron rápidamente. En las
elecciones de 1997, CONDEPA obtuvo el 17.1 por ciento de la votación y UCS el
16.1 por ciento; para 2002, los resultados fueron 0.3 por ciento y 5.5 por
ciento, respectivamente. Estos elementos generaban un escenario favorable al
surgimiento de nuevas opciones que pudieran satisfacer las demandas de la
población, tanto en términos materiales de la economía como en formas de
integración simbólica a la dinámica política. Se vivía el agotamiento de una
forma de la política y de la economía, donde había prevalecido el paradigma
neoliberal.
Unidos a otros múltiples factores (como
la tradición de lucha sindical, las históricas sublevaciones indígenas, las
constantes movilizaciones cocaleras, etcétera), estos aspectos ayudaron al
renacimiento de la izquierda.
3. Movimientos sociales indígenas y campesinos y el triunfo del Más.
En ese contexto, otros actores y
discursos comienzan a emerger y posicionarse también desde la esfera social; es
el caso del discurso indianista mediante la organización y acción colectiva de
los pueblos indígenas. Un hito insoslayable en este proceso de (re)articulación
fue la “Marcha por el Territorio la Dignidad y la Vida” de 1990, que se inició
en el oriente y se dirigió hacia la sede de gobierno, La Paz, con una demanda
de reconocimiento de los derechos colectivos de estos pueblos, reivindicaciones
ligadas a la tierra y al territorio, la autodeterminación y la defensa de las
culturas ancestrales.
Estas demandas se materializan en:
a) la articulación y organización de las
centrales de pueblos indígenas, por ejemplo en la Central Indígena de los
Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB) de carácter inter étnico en el oriente, y
juntas impulsan la demanda de una Asamblea Constituyente para transformar el
Estado boliviano.
b) En occidente el movimiento katarista
se expresó en distintas vertientes, una de ellas aglutina al conjunto de ayllus
y markas del altiplano conformando el Consejo Nacional de Ayllus y Markas
Qollasuyo (CONAMAQ), cuyo discurso principal apunta a la reconstitución de sus
territorios ancestrales devastados por la colonización y recupera símbolos y
héroes indígenas históricos como Tupac Katari, Bartolina Sisa o Zárate Willca.
c) Otra vertiente, en cambio, con una
visión más pragmática, terminó pactando con el Estado neoliberal, y subordinada
a sus políticas multiculturales; es el caso paradigmático de Víctor Hugo
Cárdenas (un destacado intelectual aymara fundador del partido katarista) quien
aceptó participar como candidato a la vicepresidencia de la república, y
gobernó junto a Gonzalo Sánchez de Lozada entre 1993 y 1997.
d) Por último, la fracción más radical
del katarismo, junto a un grupo de intelectuales de clase media conformaron el
Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) del cual participó el actual
vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, el dirigente indígena Felipe
Quispe “el Mallku” y otros, con el discurso de autogobierno indígena y de
descolonización propiciando acciones políticas violentas a principios de los
noventa, lo cual provocó el apresamiento de sus principales dirigentes y, con
ello, la dilución de dicho movimiento, en los años 90.
La
Asamblea para la Soberanía de los Pueblos/MAS-IPSP.
De igual manera, durante la década de los
noventa aparece una nueva opción electoral que surge como brazo político de las
organizaciones sociales campesinas e indígenas, denominada Asamblea para la
Soberanía de los Pueblos, que luego se convertiría en el Movimiento al
Socialismo (MAS-IPSP), que logró primero victorias electorales en los
municipios del trópico de Cochabamba, y luego, en 1997, consiguió cuatro
diputaciones a nivel nacional, entre ellos la del propio líder cocalero, Evo
Morales Ayma.
A partir del año 2000 se produce un
conjunto de movilizaciones que constituyen un ciclo de protestas que demarca el
principio del fin del modelo político anterior. Este proceso se inicia con la
denominada “guerra del agua” en Cochabamba (2000) que concluye exitosamente con
la expulsión de una empresa transnacional de servicio de agua potable, seguida
por un amplio repertorio de movilizaciones en distintos lugares del país en
rechazo a las políticas y mandatarios de turno. La movilización se asentó en la
federación de regantes y los sindicatos fabriles, bajo la dirección de Oscar
Olivera. El crecimiento y el impacto de esta movilización dieron como fruto la
Coordinadora del Agua, que iniciaría una nueva forma de participación política
integrando el cabildo, la asamblea, la movilización y las estructuras
sindicales a la toma de decisiones. Además, la coordinadora se convirtió en un
modelo de coordinación entre distintos actores, sean sociales o políticos, que
buscaban participación más activa en la política. Años más tarde, nació el
Estado Mayor del Pueblo que buscaría la articulación nacional de las
movilizaciones. Un segundo movimiento significativo fue el bloqueo de septiembre
de 2000, protagonizado sobre todo por sectores campesinos aymaras y cuya
eficacia fue notable, que dejó a la ciudad de La Paz sin abastecimiento, lo
cual evocó el legendario bloqueo de Túpac Katari en el siglo XVIII. El
dirigente aymara que saltó a la palestra fue Felipe Quispe, quien había tomado
las riendas de la CSUTCB en 1998, luego de una activa participación política en
distintas agrupaciones campesinas. Su presencia marcó con una dinámica nueva a
la CSUTCB, que acudió recurrentemente al bloqueo como forma de lucha. Asimismo,
incorporó a sus demandas aspectos fuertemente culturales, que se sintetizan en
la idea de “las dos Bolivias” y la reivindicación de la “nación aymara”.
El caso más crítico fue la “guerra del
gas”, que dio como resultado la expulsión del presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada. En esa ocasión, las demandas giraron alrededor de la negativa de venta
del gas a Chile y su nacionalización y la renuncia del presidente. Las
movilizaciones comenzaron en la ciudad de El Alto y se expandieron rápidamente,
con significativos grados de adhesión. Los principales sectores movilizados
fueron las juntas de vecinos y la COB, aunque días más tarde muchos otros
actores ingresaron a escena. La respuesta del gobierno fue muy represiva, con
un saldo de más de 50 muertos en tres días.
Así, en el marco de estas movilizaciones
se va construyendo una agenda de los movimientos sociales basada
fundamentalmente en la demanda de nacionalización de los hidrocarburos y la
realización de una Asamblea Constituyente que permita una “refundación” del
Estado boliviano.
La acción colectiva de los movimientos
sociales se configura a partir de un complejo y flexible modelo de alianzas
sociales y políticas que logra éxito en base al proceso de acumulación
histórica previa. Tapia (2009a) puntualiza que se trata de un proceso cuya
característica es la acumulación “desde los no lugares de la política”, es
decir, desde aquellos espacios de la vida social ajenos al Estado y a la
dinámica del sistema político partidario habitual, mediante la conformación de
una red de nodos sociales urbanos y rurales que incursionan en el campo
político articulados en un discurso común que promovía el cambio.
Paralelamente, en el escenario electoral
también se perciben importantes desplazamientos concurrentes con la dinámica
sociopolítica analizada. En las elecciones nacionales de 2002, Evo Morales se
presenta como candidato a la presidencia con un discurso abiertamente contra
hegemónico y logra un segundo lugar (con el 20,9%) muy cerca del primero.
Morales, dirige desde 1994 las cinco federaciones cocaleras del trópico de
Cochabamba (afiliadas a la CSUTCB) y su discurso sobre la coca le ha dado una
presencia nacional hace ya varios años. En 1995, con base en la estructura
sindical, se decide crear un instrumento político y nace la Asamblea por la
Soberanía de los Pueblos, que luego se convertiría en el MÁS. El MAS fue
expandiendo su radio de acción e ingresando a la lógica electoral, con lo cual
controló los principales municipios de la región de El Chapare (Cochabamba). En
las elecciones de 2002, este partido sorprende, ya que se ubicó en la segunda
posición, superando todas las expectativas.
En esa misma contienda, se presenta otra
expresión indígena aymara liderada por Felipe Quispe (el Mallku) quien obtiene
alrededor del 6% de los votos, ambos alcanzan cerca del 27% de la preferencia
electoral.
Más adelante, en 2005, el MÁS lograría el
54,3% de los votos a nivel nacional y una amplia mayoría parlamentaria,
marcando un hito en la historia electoral boliviana.
Por las características anotadas, el MAS
no es un partido conformado en los cánones tradicionales de ejercicio político;
deviene de la conjunción del sindicato y el partido y puede ser caracterizado
como un movimiento político, (Zegada, 2009) que progresivamente va ampliando su
base social e interpelando a otros sectores de la sociedad como los pobres de
las zonas urbanas, gremialistas, pequeños empresarios y clases medias que se
suman de manera entusiasta al denominado “proceso de cambio” en que juega un
papel absolutamente gravitante la figura de Evo Morales, pues genera fuertes
procesos de auto identificación étnica y social.
Para las elecciones de 2005, el MÁS realiza
una serie de alianzas preelectorales con núcleos corporativos de la sociedad
civil y suma a algunos de sus representantes como candidatos en distintos
lugares del país (Tapia, 2009b). El éxito electoral de Evo Morales se basa en
la habilidad por recoger aquellos elementos ideológicos centrales de la
coyuntura como el rechazo al modelo neoliberal, el cuestionamiento a los
partidos políticos y sus prácticas corruptas así como la opción por los
indígenas, los pobres y excluidos del país.
4. El socialismo comunitario y el vivir bien. Los avances y las criticas.
Posterior a la caída y huida de La Paz de
Gonzalo Sánchez de Lozada, los movimientos sociales se organizan y postulan una
Agenda, la de Octubre, con tres puntos a saber: i) nacionalización de los hidrocarburos;
ii) convocatoria de una Asamblea Constituyente, y iii) juicio de
responsabilidades a las autoridades de gobierno
Esta Agenda es la que asumió Evo Morales
y el MAS-IPSP como propuesta de mandato en las elecciones nacionales de
diciembre de 2005 y, que en plena crisis del sistema político y partidario, le
posibilitó un triunfo de votos contundente e incluso histórico del 53.7%,.
La amplia mayoría obtenida por el Más en
los comicios de diciembre del 2005, revela el desplazamiento de las viejas
elites en el poder y la apertura de un nuevo ciclo político.
A partir del ejercicio presidencial de
Evo Morales y del Más, desde el año 2005, hasta el 2013, han ocurrido diversos
eventos de amplia repercusión social y política.
Esos hechos se relacionan con la
nacionalización de los Hidrocarburos el 1 de mayo del 2006, la reunión de una
Asamblea Constituyente, la aprobación de un nuevo texto constitucional, la
consulta sobre la autonomía regional, la realización de un referéndum
revocatorio, el 10 de agosto del 2008 y la reelección del Presidente hasta el
2014.
Tanto en la elección de la Constituyente,
como en el referendo revocatorio, en la aprobación de la nueva Carta magna y en
la elección presidencial del 6 de diciembre, Evo Morales recibió un amplio y creciente
respaldo popular. En las votaciones de diciembre del 2009, el 63,9% de los
votantes respaldo el nombre de Morales para que continuara en la Presidencia de
la Nación.
El hecho más decisivo ha sido la
aprobación del nuevo texto constitucional que señalo las bases de un nuevo
Estado.
Bolivia se constituye en un Estado
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia
se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico,
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país, reza su primer
artículo.
Durante los 8 años transcurridos, se han
indicado por algunos, tres fases (Zegada, 2012). Una Primera Fase de
Polarización y reforma estatal. Una Segunda Fase como momento hegemónico del
Más. Y una Tercera Fase de quiebres en la construcción hegemónica.
García Linera (2011) plantea otra visión
del proceso boliviano abierto desde el 2005 y orientado a la construcción de
una democracia comunitaria social participativa. Sugiere tres fases
La Primera Fase consiste en el
develamiento de la crisis de Estado, es decir un nuevo quiebre estructural a
todo nivel, social, político, económico y cultural en la historia del país que
comienza el año 2000 y que va a permitir una nueva cartografía del poder.
Con la nacionalización de los
hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente se inicia la
Segunda Fase. El empate catastrófico,
La Tercera Fase comprende una coyuntura
política de Estado dividido por un gobierno controlado por los insurrectos y
poder de Estado (lógica y mando institucional) controlado (históricamente) por
las clases económicamente dominantes.
Es la radicalización de la segunda fase
puntualiza el autor de Las Tensiones Creativas de la Revolución.
La Cuarta Fase es lo que se va a llamarse
el Punto de Bifurcación es el momento en que los bloques antagónicos señala
García, deben dirimir su existencia de manera abierta.
La Quinta Fase - Tensiones y
Contradicciones del Proceso de Cambio
Esta Quinta Fase subdivide las tensiones
dialécticas en cuatro tensiones principales.
La primera, se da en la relación entre el
Estado y los Movimientos Sociales. Un segundo momento de esta tensión, es la
expansión material del Estado social como protector de derechos y la función
estatal de las comunidades y sindicatos agrarios en tanto función de
estructuras locales y corporativas fragmentadas y sin sentido de universalidad.
La Segunda Tensión.- Flexibilidad
Hegemónica.
Una Tercera Tensión está marcada por los
intereses Generales frente a intereses particulares y privados, es decir
marcada por una contradicción real, una tensión que puede crecer a una
contradicción fundamental y antagónica en tanto beneficia a unos pocos.
La Cuarta Tensión - El Socialismo
Comunitario.
Esa la visión del proceso que tiene
García Linera, quien ejerce el cargo de Vicepresidente de la nación.
Durante 8 años de gobierno el Más ha
logrado importantes avances en la implementación de una democracia social participativa
y en la apertura hacia un modelo de socialismo comunitario del Vivir bien. Sin
embargo, en tiempos recientes han surgido críticas desde los ámbitos de la
izquierda intelectual que señalan una Tiranía del estado de derecho (Tapias,
2011) o una desviación hacia el extractivismo incompatible con la protección de
la naturaleza y los derechos consagrados en la Constitución, especialmente para
las etnias que conforman la plurinacionalidad boliviana.
Respecto de los avances y logros,
Arkonada (2013), plantea que se pueden dividir los avances del proceso en
cuatro ámbitos, el social, económico, político-institucional y el de la
geopolítica.
Probablemente el ámbito social es donde
más avances se han registrado en un país saqueado por 500 años de colonización
recrudecida en los 20 años de aplicación del Consenso de Washington por parte
de los gobiernos neoliberales cuyos herederos (MSM, UN, CN), todavía aspiran a
regresar a un pasado.
La nacionalización de los hidrocarburos
decretada el 1 de mayo de 2006 permitió una redistribución de la riqueza que ha
mejorado ostensiblemente las condiciones de vida de las clases populares. Las
políticas públicas implementadas permitieron que menos bolivianos vivan en
condiciones de pobreza. La pobreza extrema cayó 12 puntos porcentuales y la
moderada 14 puntos porcentuales en 6 años.
Pero la redistribución ha permitido
reducir la desigualdad en el que hasta hace no muchos años era -según Naciones
Unidas- el país más desigual de América Latina, agrega Arkonada. Según datos
recientes, la brecha entre ricos y pobres se ha reducido en 60 veces desde 2006
y el objetivo para 2025 es eliminar en su totalidad la extrema pobreza en el
país.
Esta reducción de la desigualdad se debe
sobre todo a políticas públicas de transferencia condicionada y los bonos, que
benefician al 31’1% de la población boliviana. Según datos de los ministerios
de Economía, Educación y Salud y Deportes, el bono Juancito Pinto destinado a
paliar la deserción escolar entre los niños, beneficia a 1.688.268 personas (15’9%),
el bono Renta Dignidad destinado a mejorar el retiro de las personas ancianas
beneficia 924.446 personas de la tercera edad (8’5) y el bono Juana Azurduy lo
hizo con 717.282 (6’6%) mujeres embarazadas y con bebés recién nacidos.
Asimismo, el salario mínimo se ha elevado
de los 440 bolivianos de 2005 a 1000 bs en 2012, lo que unido a una tasa de
desempleo urbano que ha caído del 8’1% al 5’5% permite afirmar que los recursos
naturales bolivianos que durante décadas aumentaron la plusvalía de las empresas
transnacionales, son ahora propiedad y sirven para beneficio del pueblo
boliviano.
El ámbito económico, que esta
intrínsecamente ligado a los avances sociales, es clave para entender los
avances del proceso de cambio boliviano. La nacionalización de los
hidrocarburos ha permitido que el Producto Interno Bruto (PIB) se haya
incrementado de los 9.525 millones de dólares de 2005 a los 23.778 millones en
2012, permitiendo de esta manera que el PIB per cápita se duplique desde los
1.010 dólares de 2005 a los 2.238 actuales.
Las reservas internacionales bolivianas
subieron de los 1.714 millones de dólares de 2005 a los más de 14.000 millones
actuales, convirtiendo a Bolivia en el país de América Latina con mayor
porcentaje de reservas internacionales en relación con el PIB.
Asimismo se ha producido una dinamización
de las exportaciones, las exportaciones del primer semestre de 2012 superan la
totalidad de las exportaciones del año 2007. A lo anterior se le une la
bolivianización de la economía siendo en 2005 los depósitos bancarios en
bolivianos el 16% del total mientras que los créditos el 8%. A junio de 2012
los depósitos en bolivianos alcanzaban ya el 68% y los créditos el 76%.
Otro dato relevante es que mientras en
2005 la inversión pública era de 629 millones de dólares, en 2011 se había más
que triplicado con cifras de 2.158 millones. La deuda externa boliviana que en
2005 era de 4.947 millones de dólares, un 52% del PIB, es actualmente de 3.704
millones, un 14% del PIB.
Todas estas cifras macroeconómicas se
traducen en mejoras de las condiciones de vida de las mayorías sociales, y
también en la consolidación de cambios estructurales. En Bolivia, las escuelas
y los hospitales cuentan con más maestros y médicos.
Estos avances son en buena parte fruto de
la nacionalización de los hidrocarburos, pero también es importante resaltar
que las nacionalizaciones de empresas estratégicas para el Estado ayudan a
reducir la desigualdad. Además de la reciente nacionalización de la gestión de
los aeropuertos, en manos de empresas transnacionales españolas desde la época
neoliberal, la nacionalización del sector eléctrico permitirá mejorar las
condiciones de vida en el medio rural, donde hasta ahora se pagaba 1’6 bs el
kilovatio hora, por 0’63 bs que pagaba una familia en el área urbana.
En definitiva, en Bolivia se está
viviendo la consolidación y expansión del modelo económico social productivo
que se fue sembrando desde el 2006 y que ahora, de manera gradual, va
comenzando a dar sus primeras cosechas: reducción de la extrema pobreza,
reducción del desempleo y las desigualdades, transferencias económicas a los
sectores más vulnerables e inicio de los procesos de industrialización que ya
comienzan a adquirir cuerpo después de tantos problemas.
También el ámbito político-institucional
es otro en el que se han dado avances relevantes, que son tanto cuantitativos y
concretos, como cualitativos y subjetivos, sirviendo para transformar tanto la
institucionalidad colonial y neoliberal heredada, como los imaginarios
colectivos.
Para resaltar en un primer momento la
nueva Constitución Política del Estado aprobada en referéndum popular en enero
de 2009 que supuso una ruptura epistemológica que recogía las rupturas
socio-políticas del ciclo rebelde y que colocaba el horizonte del Vivir Bien
como una nueva forma de pensar el desarrollo, como una forma de buscar un
equilibrio entre el derecho al desarrollo de un país saqueado y colonizado por
500 años y los derechos de la Madre Tierra, debate que ya se traduce en
política pública y leyes como la recientemente promulgada Ley de la Madre
Tierra.
Pero los cambios en la institucionalidad
son también tangibles, palpables, en ese campo de lucha que es el Estado, la
Asamblea Legislativa Plurinacional está conformada por diputados/as y
senadores/as miembros de pueblos indígenas, obreros, cooperativistas y
dirigentes de sindicatos y gremios. Es decir, el pueblo se siente identificado
con sus representantes parlamentarios, el nuevo bloque social
popular-indígena-obrero- campesino ha ocupado el Estado y han conformado un
gobierno de movimientos sociales.
No se debe obviar la construcción de una
nueva institucionalidad estatal desde el ejecutivo con la creación de nuevas
instituciones que apuntan a una descolonización del Estado desde el Estado,
como el Viceministerio de Descolonización con su Unidad de
Despatriarcalización, o el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
contra la Corrupción, que supone un avance sin precedentes respecto de
gobiernos anteriores.
Desde el ámbito de la geopolítica hay que
resaltar los avances del proceso de cambio en la construcción de una nueva
doctrina de las Relaciones Internacionales, que en el Estado Plurinacional de
Bolivia se ha conceptualizado como Diplomacia de los Pueblos. El retorno de
Bolivia a la Convención de Viena con la reserva de la legalización del
masticado de la hoja de coca, el nombramiento en Naciones Unidas de 2013 como
año internacional de la Quinua y a Evo Morales como su embajador, las
posiciones de liderazgo con propuestas contra hegemónicas en los ámbitos de
negociación multilateral sobre cambio climático o desarrollo, además de un
impulso a una nueva geopolítica Sur Sur con una interlocución privilegiada con
actores como China o Irán, además con los movimientos sociales y redes
internacionales, conforman este nuevo paradigma de las Relaciones
Internacionales liderado por Evo Morales.
Ese el balance de uno de los más cercanos
observadores del proceso boliviano, que no es compartido por otros
protagonistas del proceso.
Luis Tapias en su texto El Estado de
derecho como tiranía (2011), plantea críticas al proceso para indicar que, en
estos momentos, ocurre la descomposición política de un liderazgo que hace
menos de dos años lograba un histórico triunfo electoral obteniendo el 64,22%
de la votación, correspondiente a casi 3 millones de bolivianos y bolivianas
que confiaron en cinco años más de gestión de gobierno a la cabeza de Evo
Morales. Tapias afirma que tanto el presidencialismo, como el sistema electoral
mayoritario, la manipulación del sistema judicial, la corrupción legislativa y
el manejo centralista del régimen autonómico, desconocen la plurinacionalidad y
siembran elementos de crisis políticas hacia el futuro.
Jorge Lora Cam, en Desentrañando la
carnavalización de la política (2013) plantea elementos críticos muy fuertes
sobre Evo Morales y el gobierno del Mas que sugieren una desviación de los
postulados principales de la Constitución y de la naturaleza plurinacional del
Estado boliviano.
Conclusión.
La izquierda boliviana, desde su
surgimiento en los años 30 del siglo XX, ha sido un factor político de gran
incidencia en el curso histórico de dicha nación y en la organización y
funcionamiento del Estado y el sistema político.
La revolución de 1952 es un hito central
que coloco en la superficie social el papel de la izquierda nacionalista y de
la marxista en su lucha contra el imperialismo y por el rescate de los recursos
naturales para favorecer a la clase obrera y demás grupos populares del Estado.
La revolución minera de 1952 marca por un
amplio periodo el curso de la nación y su Estado. Casi treinta años de historia
de Bolivia
El triunfo electoral de la UDP en los
años 80 refleja el peso de la conciencia y la organización popular, a pesar de
las incoherencias de dicha coalición de izquierda que llevaron a la ruptura de
la Central Obrera Boliviana.
Tanto el autoritarismo de las dictaduras
militares, como el neoliberalismo impuesto por el imperialismo Norteamericano y
las elites mineras, fueron rechazados por la izquierda, no obstante su evidente
declive.
La memoria histórica, como parte de las
estructuras de rebelión que sugiere Tapias, de las luchas de la izquierda,
condensada en la revolución del 52, la presencia del Che y la lucha del ELN,
renació en la versión indigenista campesina expresada en el Katarismo aymara y
las guerrillas del Ejercito Tupak Katari, que no obstante su derrota en los
años 90, se expresó posteriormente en el MITK y el MRTK y en la movilización de
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos/CSUTCB, en cuyo
interior surge el Mas y el liderazgo de Evo Morales, el actual Presidente de
Bolivia.
La izquierda indigenista, campesina y
popular es la asume la principal carga de la lucha contra el neoliberalismo,
que es derrotado en una prolongada lucha cuyos momentos más visibles son la
guerra del agua del 2000, la guerra del gas del 2003, la caída de Sánchez de
Lozada, el triunfo presidencial de Evo Morales, la nacionalización de los
hidrocarburos y la aprobación de una nueva Constitución política que
institucionaliza el Estado plurinacional y multiétnico a partir del año 2009.
En este momento la izquierda boliviana y
el Estado se encuentran en un aguda controversia sobre el rumbo que debe tomar
el actual proceso, a raíz de los sucesos relacionados con el “gasolinazo” del
2010, las protestas de los policías, la corrupción gubernamental y judicial y
la construcción de la carretera en el TIPNIS, que devela divisiones indígenas y
populares respecto del extractivismo y la explotación de los recursos
naturales.
Ha sido autorizada una segunda reelección
del actual Jefe de Estado, Evo Morales, que debe ocurrir a fines del 2014, ya
son notables las fisuras en el campo de la izquierda, por las posturas
expresadas en contrario por el Movimiento Sin Miedo (MSN), que gobierna la
ciudad de la Paz, capital de Bolivia. Sin embargo, sobre Juan del Granado,
líder del MSN, hay críticas por sus antiguas alianzas con el bloque neoliberal
y sus acercamientos a la derecha empresarial de Santa Cruz de la Sierra.
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Bogotá, 15 de mayo de 2013.
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