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| Juana Jackson, (28 años), embarazada en el sexto mes, murió en el ametrallamiento desde un helicóptero Black&Hawk con M60 de la DEA en la madrugada el 11 de mayo. |
Nuevo informe sobre operación antidrogas mortal en Honduras plantea nuevas preguntas sobre el papel de EE.UU
Vea y lea también los
videos y declaraciones de los sobrevivientes:
La masacre en Mosquitia, Honduras: “Sólo los agentes de la DEA pueden disparar desde un helicóptero que por otra parte, es suyo”
Un año después de la muerte trágica
de cuatro indígenas en el noreste de Honduras tras una operación antidroga en
la cual participaron agentes policiales de Honduras y de la agencia antidroga
DEA de Estados Unidos, un nuevo informe, del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) y Derechos en Acción (Rights Action) examina la
investigación sobre el incidente realizado por el Ministerio Público de
Honduras.
El
informe, originalmente publicado en inglés, y llamado “Todavía esperando justicia: Un diagnóstico de la investigación
del Ministerio Público de Honduras sobre los asesinatos del 11 de mayo, 2012 en
Ahuas, Honduras,” concluye que la investigación del Ministerio Público
presenta defectos graves, incluyendo omisiones de testimonios claves de la
policía hondureña que señalan que la DEA (Drug Enforcement Administration)
estaba a cargo del operativo y podría tener la responsabilidad final por los
muertos que ocurrieron. Las víctimas incluyeron dos mujeres (por lo menos una
de ellas estaba embarazada), un hombre, y un adolescente de 14 años.
“La investigación y el informe oficial del Gobierno
Hondureño sobre la muerte trágica e innecesaria de cuatro campesinos en Ahuas
genera más preguntas que respuestas,” dijo el coautor del informe y analista de
política internacional en CEPR, Alex Main. “El informe del Ministerio Público
ni siquiera intenta establecer quién es el responsable final de los asesinatos.
En vez, parece estar enfocado en absolver a la DEA de cualquier responsabilidad
directa en los asesinatos, particularmente a través de omisiones de testimonios
claves.”
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| Emerson Martínez, de 21 años, muerto en la masacre, |
“La investigación de los asesinatos fue, en el
mejor de los casos, parcial, o en el peor de los casos, manipulada
intencionalmente,” dijo Annie Bird, Co-directora de la organización defensora
de derechos humanos, Rights Action. “En cualquiera de los casos, es sumamente
preocupante que el Departamento de Estado y la DEA defiendan la investigación,
a pesar de que un detective de la policía de Estados Unidos empleado por la
embajada estadounidense debe haber estado bien al tanto de sus defectos.”
El informe de CEPR y Rights Action señala que los testigos
presenciales de la comunidad y personal de la DEA, han informado que al menos
un helicóptero del Departamento de Estado disparó hacia la embarcación que
llevaba a las víctimas. Pero el informe señala que “el Ministerio
Público falla al no mencionar ni uno de estos reportes. Por lo contrario, el
reporte del ministerio repetidamente busca validar la noción de que todos los
disparos que impactaron a las víctimas y al barco ocurrieron en el mismo plano
horizontal, aunque la evidencia forense que está citada sugiere otra situación.”
El informe de CEPR y Rights Action señala: “Oficiales
en el MP seguramente son muy conscientes de que si uno de los helicópteros está
de cualquiera forma implicado en el tiroteo, entonces tanto la DEA- que
supuestamente determina cuando las armas del helicóptero pueden ser usadas-
como el Departamento del Estado- que es dueño de los helicópteros y contrata
sus pilotos- están implicados también.”
El Departamento de Estado ha sostenido que la DEA
sólo tuvo un “papel de apoyo” durante el operativo de Ahuas, una afirmación que
no está ni contradicha ni confirmada por el informe del Ministerio Público
sobre el incidente, aunque esa versión está insinuada fuertemente en las
observaciones finales del informe.
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| Agentes del Comando de Operaciones Especiales Cobras |
El informe de CEPR y Rights Action también señala
que el Gobierno de Estados Unidos no permitió a los investigadores hondureños
cuestionar a los agentes estadounidenses que participaron en el operativo del
11 de mayo para ser interrogados, ni examinar sus armas ni las ametralladoras
de los helicópteros.
El informe de CEPR y Rights Action concluye que lo que se
encontró en el reporte de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos “no nos dice
mucho,” y no busca determinar si las víctimas estuvieron involucradas “de
alguna forma en el narcotráfico” como han alegado oficiales hondureños y de
Estados Unidos, ni cuál autoridad estaba a cargo del operativo.
Los autores piden que el Gobierno de Estados Unidos lleve a cabo su propia investigación del incidente en Ahuas para mejor determinar lo que sucedió y para determinar qué responsabilidad, si alguna, agentes de la DEA tuvieron en los asesinatos. También recomiendan que el Gobierno de Estados Unidos deje de ser un obstáculo a una investigación ya defectuosa al hacer accesible a los investigadores hondureños a los agentes de la DEA las armas y los documentos— incluyendo el video completo de vigilancia aérea del operativo de Ahuas.
Los autores piden que el Gobierno de Estados Unidos lleve a cabo su propia investigación del incidente en Ahuas para mejor determinar lo que sucedió y para determinar qué responsabilidad, si alguna, agentes de la DEA tuvieron en los asesinatos. También recomiendan que el Gobierno de Estados Unidos deje de ser un obstáculo a una investigación ya defectuosa al hacer accesible a los investigadores hondureños a los agentes de la DEA las armas y los documentos— incluyendo el video completo de vigilancia aérea del operativo de Ahuas.
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