ANNCOL
Debate. Como un servicio a nuestros lectores presentamos el informe sobre la
minería y la guerra sucia en Colombia, publicado por el medio alternativo
Paréntesis de Cali, para que se pueda entender el porqué de la actual ofensiva militar del gobierno colombiano contra toda aquella forma de explotación minera que estorbe
el plan Trasnacional de inversión minera en Colombia, también llamado “locomotora
minera de JM Santos”.
Minería
y guerra sucia en Colombia
Por Ramiro Martínez Gómez (*)
El
paramilitarismo se nutre de oro y dragas
Los paramilitares han encontrado en la
importación de dragas un mecanismo para repatriar sus utilidades de la droga y
en las exportaciones ficticias de oro, una vía para lavar dinero. El ex jefe
paramilitar Salvatore Mancuso le confesó a la justicia una estratagema para
lavar dinero: recibir los pagos por la droga exportada en oro, traerlo
clandestinamente a Colombia y venderlo a comercializadoras autorizadas,
declarándolo como producido en el país.
En Colombia la minería a gran escala
ha venido acompañada de la guerra sucia
por parte del Estado colombiano. Para nadie es un secreto que el
paramilitarismo es un experimento macabro creado por la empresa privada, narcotráfico,
ganaderos, la alta cúpula militar y otros sectores del Estado colombiano.
Allí están las pruebas: ministros,
embajadores, senadores y algunos coroneles del Ejército detenidos. Claro está que la guerra sucia no
se expresa solamente en el asesinato, desplazamiento y desaparición forzada de
la población civil (campesinos, indígenas, población afro, dirigentes
sindicales, estudiantes, ONG, entre otros), sino que existen otras formas de
confrontación más sutil y de mayor contundencia.
En este sentido, y para el caso
colombiano, otras expresiones de la guerra sucia serian: la injusticia social,
la concentración de la tenencia de la tierra (Colombia es el país más injusto
del mundo, pues la concentración de la tierra está solamente en el 1% de la
población, el destierro, las amenazas, las fumigaciones aéreas, la violación
sistemática de derechos humanos, la
corrupción de la clase política, la contaminación ambiental, la destrucción de
bosques, ríos, paramos, los monocultivos de caña de azúcar, palma
africana, caucho y el cooperativismo
laboral.
A finales de los 90, debido a la presencia de los recursos mineros
en Colombia, presentes en diferentes
zonas comenzaron a convertirse en el objetivo de las empresas nacionales y
multinacionales. Justo también en esta época comenzó la arremetida paramilitar.
Guamocó fue y es una de las regiones colombianas más azotada por la violencia
provocada por todos los actores armados ilegales que, según sus habitantes,
intentan dominar el territorio para ejercer el control económico sobre la
explotación y comercialización de oro.
Un ejemplo fue la masacre cometida el 25
de abril de 1997, cuando un grupo paramilitar entró en Río Sucio (municipio del
Sur de Bolívar) y asesinó a 30 personas. Entre ellas estuvo el líder minero
Juan Camacho Herrera, al que decapitaron y después de jugar fútbol con su
cabeza, la pusieron en un palo mirando hacia Guamocó y les dijeron a los
habitantes que ellos (los paramilitares) venían por las minas y que las iban a
entregar a gente que haría una mejor explotación de éstas y un uso más racional
de ese recurso. Desde ese momento se sucedieron más masacres, asesinatos selectivos y desplazamiento de la población.
Entre 1997 y 2009 fueron desplazadas al
menos 36.000 personas y entre 1999 y
2000 la Federación Agro minera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) pudo
documentar 700 desapariciones. Además, el Programa de Desarrollo y Paz de
Magdalena Medio (Pdpmm) afirmó que entre 1997 y 2007, 380 civiles fueron
asesinados por actores armados ilegales y el Banco de datos del Cinep recoge 333 ejecuciones extrajudiciales
cometidas por los paramilitares en los últimos años.
Fue tan grave la situación que en
noviembre de 2003 el Tribunal Internacional de Opinión celebrado en París llamó
la atención sobre la violación sistemática de violaciones de derechos humanos
«motivada por intereses económicos» en la zona. Hoy en día la violencia
continúa en esta región que ni tan siquiera aparece en los mapas. Los actores
armados ilegales siguen amedrentando a la población a través de masacres como
la acontecida el 17 de agosto de 2011 en Casa Zinc, zona rural del municipio de
Montecristo: un grupo de 20 hombres armados identificados como Águilas Negras
llegaron al lugar y retuvieron, torturaron y asesinaron a tres personas, dejaron
otra herida y amenazaron con retomar el control del Sur de Bolívar; dos semanas
después, la empresa Canadiense Midasco
Capital anunció que había recibido licencias de explotación minera en la
región, incluyendo una en Casa Zinc.
En lo que va corrido del año 2011, se han
cometido más de 40 asesinatos en la zona minera del Sur de Bolívar. Continúan
también las amenazas a través de pintas firmadas por las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), retenes de hombres civiles armados e incluso la comunidad denuncia
la existencia de una base paramilitar en la región.
La arremetida paramilitar de la década de
los 2000 masacró al movimiento social que comenzaba a despegar en la zona tras
las marchas campesinas de 1996 y 1998. A lo largo de los años muchos líderes de
organizaciones mineras fueron asesinados, desaparecidos y estigmatizados. Hoy,
organizaciones de la zona como la Asociación de Hermandades Agroecológicas y
Mineras de Guamocó (Aheramigua) y Fedeagromisbol siguen denunciado la
persecución a la que están siendo sometidos tanto por el estado como por grupos
armados. Han sido víctimas de atentados, amenazas, detenciones y procesos de
judicialización, como el de Édgar Jiménez, líder minero encarcelado el 22 de
junio y liberado varios meses después.
Otros casos concretos de empresas mineras
y paramilitares son: La multinacional aurífera Anglogold Ashanti llega al país
en el año 2.000 de manera subterránea y en el año 2.003 se anuncia oficialmente bajo la fachada de la
kedahda S.A. En sus inicios como multinacional tenía dos socios principales,
kedahda Ltda. Y kedahda segunda Ltda.
Estas empresas se habían registrado en el paraíso fiscal de las islas
vírgenes Británicas.
La Anglogold financio a grupos
paramilitares en la república democrática del Congo pidió perdón públicamente
por su “error” y luego dijo que tenía el problema resuelto pues (de aquí en adelante) emplearía la
empresa privada de seguridad DSL (Defense Systems Ltd), la misma empresa que
contrato British Petroleum en Casanare y que desencadeno una orgia de crimen
organizado en la región. Según el diario El Tiempo, han detectado que las minas
que llegaron a controlarlos paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias macaco
(extraditado a Estados Unidos) y su segundo al mando del Bloque Central
Bolívar, Rodrigo Pérez, en el sur de Bolívar, han sido heredadas por otros
grupos armados que hoy las controlan.
Hay evidencia – dice El Tiempo-de que
reactivaron su dominio en ese sector en
donde ya habían reclutado menores y mujeres a quienes carnetizaron y trataban
como esclavos al servicio de la empresa minera Grifos, de la que era socia la esposa de macaco. En
el registro minero nacional aparece una empresa –sociedad minera Grifos S.A-
con dos títulos registrados en el 2006 y aun vigentes pero no en el sur de Bolívar,
sino en la población cercana de Zaragoza en Antioquia.
Los paramilitares han encontrado en la
importación de dragas un mecanismo para repatriar sus utilidades de la droga y en las exportaciones ficticias de oro, una vía para
lavar dinero. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso le confesó a la justicia
una estratagema para lavar dinero: recibir los pagos por la droga exportada en
oro, traerlo clandestinamente a Colombia y venderlo a comercializadoras
autorizadas, declarándolo como producido en el país.
Por cada onza de oro que le pagan al
productor, la comercializadora debe descontar el 4% de regalías que luego debe
girar al gobierno, para que este a su vez le gire al municipio de donde le
productor declaro haber sacado el oro. De esta manera los paramilitares
obtenían el pago de su oro, y después hacían tratos con los alcaldes de los
pueblos que iban a recibir esa regalías para que se las devolvieran a través de
contratos ficticios.
Esta forma de lavar dinero vía regalías
sigue operando. A los municipios antiqueños de Segovia y Remedios, por ejemplo,
el gobierno les suspendió el giro de regalías, pues encontró que tenían
sospechosos contratos con particulares para promover la minería y les pagaban
con dinero de las regalías. En el municipio chocoano de Itsmina, la suspensión
de los giros se dio por un súbito e inexplicable crecimiento de la producción
de oro declarada: un aumento de 2.031% en sus regalías entre 2008 y 2010. Más
raro fue que apenas Itsmina recibió las enormes regalías, salió a pagar una
deuda “sin saber si era real o ficticia”.
Los vínculos de la minería con grupos
paramilitares no solo se da en las minas
de hecho. En diversos puntos de la geografía, organizaciones sociales han
denunciado que algunas mineras han financiado a grupos paramilitares para
“protegerse” o para forzar el desalojo de comunidades de las minas que quieren
explotar. Quizás la empresa más
cuestionada en esta materia ha sido la multinacional estadunidense Drummond.
Drummond es objeto de varias acusaciones
en Colombia por complicidad con los paramilitares que infiltraron la política y
aterrorizaron a la gente del cesar, desde mediados de los años 90, justo cuando
esta empresa arranco allí su producción de carbón.
Dos ex paramilitares han asegurado de que
la empresa ayudo a crear y financio el frente Juan Alvares de las autodefensas
Campesinas de Colombia (AUC), para que cuidara la operación y la línea del ferrocarril que transporta el
carbón hasta el puerto cerca a Santa Martha.
Asimismo, según lo investigo verdadabierta.com, Drummond compro tierras a testaferros del
paramilitarismo para desarrollar su mina el Descanso.
Y hay mas en abril de este año, la
Fiscalía acuso a un contratista que les proveía la comida a los trabajadores de
la Drummond, de complicidad con los paramilitares en el asesinato de dos
líderes sindicales de la empresa minera, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, en marzo de
de 2001.Por estos hechos organizaciones sindicales y de derechos humanos han entablado tres demandas civiles contra
la Drummond en Alabama. Alegan que los directivos de la carbonera sabían de
estos crímenes y los cohonestaron. La empresa, que ya logro que la justicia
estadunidense desestimara una primera demanda.
La
Contaminación.
Las multinacionales que buscan explorar
oro en los ríos y paramos de Colombia, están contaminando el agua con metales
pesados como el mercurio y el cianuro. Además como la amalgama que se forma con estos metales se quema para
extraer oro, el aire también se envenena. La defensorio encontró que en el aire
de los pueblos mineros de Segovia, Zaragoza y Remedios, el nivel de mercurio
puede ser hasta mil veces más alto que el permitido. En Remedios se descubrió
que 15 personas han pedido trasplante de riñón por intoxicación con mercurio.
Grandes proyectos mineros también han
sido cuestionados por sus posibles efectos nocivos a los ecosistemas. El
gobierno de Santos, presionado por la movilización de los habitantes de
Bucaramanga, puso en entre dicho la licencia ambiental otorgada a la minera
Canadiense GreyStar para explorar un área en el paramo de San Turbán, donde
nace el agua que abastece a los bumangueses y la minera debió retirar su
proyecto.
En el parque nacional Yaigoje Apaporis
que es además una zona de resguardo indígena el gobierno ordeno, el cese de
actividades. La empresa canadiense Cosigo intento ganarse la comunidad, para
explotar el oro pero no lo consiguió. En paramos encontramos 630 casos de
superposiciones con títulos mineros, algunos en áreas tan estratégicas como el
macizo colombiano donde nacen los ríos más importantes del país, Cauca y
Magdalena. Oscar Paredes director de Ingeominas explico que están negociando
con las empresas para corregir esta situación. Con el AGA que tiene cuarenta
títulos en paramos ya están en conversaciones.
Anglo Gold Ashanti, AGA, Esta
preparándose para pedir la licencia ambiental para la gran mina de oro de la
Colosa, en el municipio de Cajamarca en el Tolima. El proyecto ha sido
cuestionado por organizaciones ambientales en el Tolima y algunas autoridades principalmente
por el impacto ambiental que puede tener sobre el rio Coello que abastece
barios municipios.
Algunas explotaciones de carbón no se
quedan atrás en cuanto a problemas ambientales. En 2008 a raíz de muchas
protestas de las comunidades en el centro del Cesar por el estado de
contaminación y de abandono en que estaba este distrito minero de carbón, en
donde operan varias multinacionales y nacionales. Los funcionarios ambientales
constataron la grave contaminación por partículas y polvo en el aire, abrieron
una investigación a Drummond.
Y a pesar de las presiones inclusive
dentro del mismo gobierno para que las
frenara el ministerio se llevo las investigaciones a Bogotá. Lo más preocupante
del daño ambiental es que como lo ha demostrado el experto Guillermo Rudas, con
el auge minero los gobiernos no han cumplido la norma que les indica que deben
invertir al menos el 17% de las regalías en la preservación del medio ambiente.
Apenas destinaron el 3.2% en promedio en
el 2004 y 2009.
En Santander de Quilichao que quiere
decir “tierra de oro” en lenguaje indígena están acabando con el río Mondomo.
Allí existieron las reales minas de la conquista de los españoles y ahora con
permisos ficticios en trámite sigue la danza del oro por la que pagan las multas
insignificantes que pone la incierta ley que regula esta actividad. El mismo
caso sufre el rio cauca al pasar por “care- perro” una vereda del municipio de la pintada. En la vía Cali Buena
Ventura esta la zona de Zaragoza donde una mafia, inescrupulosa lleno todos los
vacios del estado, y en pocos meses acabo con más de 43 kilómetros
cuadrados de la cuenca del rio Dagua, que no volverán a servir para nada, al
menos durante 30 años según afirman los expertos. Allí ante la mirada pasiva de
las autoridades civiles y militares, se realizo uno de los despropósitos más
graves de la historia minera de Colombia.
Leyes
injustas.
Para los mineros artesanales el
tratamiento a sido bien diferente al que le dan a las multinacionales.
Organizados en asociaciones, sindicatos, muchos mineros habían conseguido que
el código minero 2011 les diera tres años para legalizar sus minas. De los
quince mil mineros de hecho que según la defensoría del pueblo hay en el país,
llegaron a engominas 2.845 solicitudes de formalización. Y de ellas apenas
lograron formalizarse 23. ¿La razón? La norma les exigía que presentaran mapas
técnicos de sus minas y facturas comerciales de varias décadas atrás.
La Ley 1382 que reformo el código minero
en febrero 2010, volvió a abrir la posibilidad de legalizar minas artesanales.
En un año llegaron otras 2.200 peticiones. De estas 719 ya han sido evaluadas,
pero como las normas son las mismas, solo una pasó la prueba documental y
próximamente se le hará una visita técnica.
Echar a
andar las peticiones de los mineros artesanales a paso de tortuga y las
de las multinacionales a galope, cerró más aun la posibilidad de que los
artesanales lograran formalizar sus minas: cuando llegaban sus peticiones ya
esas áreas habían sido adjudicadas a nuevos mineros o a especuladores.
Los cambios de legislación terminaron
agravando los conflictos. Por ejemplo
Medoro Resourses obtuvo una concesión en Marmato (Caldas), un pueblo de
mineros artesanal con 457 años de historia. Encontró reservas con 6.6 millones
de onzas de oro y 37 millones de onzas de plata y quiere desarrollar allí una
mina a cielo abierto, pero muchos en el pueblo se han opuesto porque esto in
plica desplazarlos y dejarlos sin trabajo. Declaraciones del vocero de Modoro a
la cadena de televisión Aljazeera, en el sentido que tenían varias formas de
sacar a la gente “presiones del gobierno, chequeras,” causaron aun mas escozor.
Que se pude esperar del instituto
Ingeominas si el gobierno de Álvaro Uribe, según lo han denunciado varios
medios de prensa, le dio esta entidad para que pusiera allí sus fichas al
entonces congresista conservador Ciro Ramírez quien después en marzo del 2011,
fue condenado por la Corte Suprema de justicia por concierto para delinquir con
los paramilitares. Un funcionario de la entidad cuenta, aun aterrado, como unos
mineros le ofrecieron dinero a cambio de les diera el nombre del encargado de
darle el visto bueno final a los títulos. Y en una conversación casual, un
empresario extranjero que invirtió en el desarrollo de una mina de oro dijo que
pago 34 millones de pesos en sobornos para conseguir el título.
Es verdad que el código minero del 2001
había dejado la posibilidad de que cualquiera, con un pago mínimo y un
documento de identidad pudiera hacerse de una concesión minera, pero el
espíritu de la ley buscaba incentivar la promoción, no la especulación. Al
entregar áreas inviables por ser absurdas o microscópicas (una tenía 34 centímetros y
otra 19 metros
por 16 kilómetros),
Ingeominas creó el río revuelto donde pescaron muchos avispados.
(*) Contador público de la Universidad del Valle.
http://parentesiscali.blogspot.de/2012/07/informe-mineria-y-guerra-sucia-en.html
