México: Vacilada

Por Teodoro Rentería Arróyave

De acuerdo con las declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, el panista Roberto Gil Zuarth -todos lo recordamos: ex secretario particular del ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa y jefe de la malograda campaña electoral de la frustrada candidata a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota-, la federalización de los delitos contra periodistas y medios de comunicación resultó una grosera y vulgar vacilada.

Después de afirmar que las reformas buscan que el Ministerio Público no pueda evadir la responsabilidad de atraer e investigar un caso cuando implique violaciones a las libertades informativas o de expresión, recordó que “la reforma constitucional no federalizó la materia, sólo le dio la facultad de atracción, en consecuencia, los delitos que le corresponde investigar a la federación son aquellos que se comentan por servidores públicos de ese orden, lo que es el límite fundamental de la facultad legislativa”. “El resto”, agregó, “está reservado para los estados, porque hay que mantener un equilibrio natural entre las facultades del Estado y las entidades”.

Para atemperar su muy especial interpretación de la Reforma Constitucional, que tantos años de lucha le ha constado al gremio organizado, para quedar como al principio, el senador blanquiazul nos sale ahora con el cuento de que el Senado discutirá y, en su caso, dictaminará en comisiones la adición de una cláusula al Código Penal Federal para incluir a los servidores públicos en eventuales responsabilidades de delitos contra periodistas o instalaciones de medios de comunicación.

Dijo textual: “A quien cometa un hecho que la ley señale como delito contra periodistas, personas o instalaciones que afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, además de la pena que corresponda al delito cometido, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de 100 a 500 días de multa: se aumentará hasta en una mitad la pena señalada cuando el delito sea cometido por un servidor público en funciones o cuando la víctima sea mujer y concurran razones de género”.

Así es, las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara Alta, según dijo el legislador panista, tienen listo el dictamen que delimitará con precisión –así textual, delimitará con precisión-, los casos en que la federación atraerá estos delitos y también establecerá las nuevas facultades del Ministerio Público y de la Fiscalía Especializada, adscrita a la Procuraduría General de República, PGR.

De aprobarse la reforma, el MP, insiste, podrá atraer casos cuando haya indicios que permitan presumir que en la agresión participó algún servidor público o la autoridad competente de conocer y perseguir el delito no haya actuado con debida diligencia o haya sido incapaz de seguir el delito.

De acuerdo, según estudios e investigaciones muy serios, existen graves señalamientos de que la mayoría de las agresiones a periodistas y medios de comunicación son cometidos por funcionarios de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal; pero de ahí, a que se limite con precisión la federalización de dichos delitos, caemos en la cuenta de que la mencionada federalización resulta una vacilada, una tomadura de pelo.

*Teodoro Rentería Arróyave

*Periodista y escritor. Secretario de Desarrollo Social de FELAP y Presidente fundador y      vitalicio honorario de FAPERMEX.